La Fiscalía y la acusación particular mantuvieron ayer sus peticiones de diez años de internamiento y cinco de libertad vigilada para el acusado por la muerte de Amaia Azkue, tal y como confirmaron a Efe fuentes del caso.

Miguel Castells, el abogado que ejerce la acusación particular en nombre de la familia de la fallecida, reclamó además que se imponga al procesado una orden de alejamiento de las localidades en las que desarrollaba su vida Amaia Azkue y donde aún residen parte de sus familiares y amigos: Getaria, Zarautz y Orio.

El juicio, que en un principio estaba previsto que terminase el lunes se aplazó hasta ayer, ya que la defensa solicitó la práctica de nuevas pruebas. Al mediodía, Castells opinó que la petición de estas diligencias por parte de la defensa constituye una actuación «a la desesperada».

El juicio continuó hasta bien entrada la noche con el informe del abogado de la defensa, Joanes Labaien, quien previsiblemente solicitó una sentencia exculpatoria para su patrocinado, que tuvo la posibilidad de ejercer su derecho a decir la última palabra antes de el juicio quedara visto para sentencia.