La izquierda abertzale, EA, Alternatiba y Aralar fijaron ayer posición respecto a la ponencia que se está trabajando en el Parlamento de Gasteiz en torno al nuevo tiempo abierto tras el anuncio de cese definitivo de la actividad armada de ETA y la posibilidad de avanzar en un proceso de solución al conflicto. Al respecto, fueron tajantes y cerraron cualquier opción de apoyo a un foro excluyente, apostando por un espacio de diálogo en el que participen todos los agentes en igualdad de condiciones y que no se centre en posiciones de parte, sino en la construcción de las condiciones para que todos los proyectos políticos puedan materializarse, sin vetos ni impedimentos de ningún tipo.

Con la vista puesta en el pleno del día 30, los criterios definidos por estas cuatro fuerzas para secundar cualquier propuesta parecen de sentido común si lo que se pretende es dar pasos en la consecución de una paz definitiva. Nadie que conozca la realidad política de este país puede plantearse seriamente abordar un diálogo resolutivo excluyendo a un sector significativo del mismo, y precisamente por ese motivo lo expuesto en la comparecencia de ayer es la condición mínima para que una iniciativa de este tipo pueda desarrollarse. Quien quiera utilizar este tema por interés partidista o de búsqueda de protagonismo debería hablar claro y dejar de jugar con la esperanza de tanta gente.

Este tiempo exige ser abordado con altura de miras y ánimo constructivo. También en un ámbito tan sensible como el de las víctimas, en el que políticos e instituciones han actuado y actúan de forma irresponsable, bien utilizándolas como parapeto, para bloquear el proceso, o bien jerarquizándolas y discriminando a parte de ellas, las afectadas por la violencia estatal. El decreto de Lakua es el vivo ejemplo de ello. Ha llegado la hora de que quienes ostentan responsabilidades políticas e institucionales decidan si quieren estar a la altura del momento o si optan por tratar de buscar réditos del mismo, aun a costa de defraudar a la sociedad.