«Tensión y escándalo» en la última asamblea general de BBK para aprobar las cuentas económicas del ejercicio de 2011, según confirmaron a GARA varios compromisarios presentes en el encuentro. El PNV no aceptó la demanda de los 36 consejeros de BBK (PSE, izquierda abertzale, Ezker Anitza-IU, CCOO) para poner fin a los desahucios y buscar una salida adecuada para los afectados. A cambio, el equipo de Mario Fernández anunció la creación de «un fondo de desahucios», que saldrá de la Obra Social y del que se desconoce su cuantía y la fecha que echará a andar. El presidente de Vital, Carlos Zapatero, explicó que la caja alavesa se suma a esa iniciativa, a la que no se refirió en su discurso inicial ante los compromisarios. Además, añadió que Kutxa también intervendrá, aspecto que no se trató en la asamblea de Donostia.

El presidente de BBK, Mario Fernández, se refirió en esta última asamblea al problema de los desahucios como «un problema social digno de ser atendido» que atraviesan las personas que «no pueden hacer frente a sus préstamos hipotecarios», y cuya solución trasladó a «los poderes públicos» con la colaboración de las entidades financieras. Sin embargo, hasta la fecha, BBK ha llevado adelante las ejecuciones hipotecarias. Solo se ha movido tras la iniciativa conjunta de los compromisarios de la izquierda abertzale, PSE, Ezker Anitza-IU y CCOO.

Ante la asamblea, el presidente de BBK anunció su disposición para «destinar una parte relevante del presupuesto de la Obra Social» a la creación de un «Fondo de Desahucios», cuya creación tendría que ser ratificada por la Asamblea General de la entidad, y el modo de instrumentar las ayudas estudiado con los grupos de interés.

Mario Fernández recordó que Kutxabank fue una de las primeras entidades en adherirse al Código de Buenas Prácticas propuesto por el Gobierno español (PP) y adelantó que desde el final de 2009 a 2011 «renegoció» un total de 2.627 hipotecas.

Mario Fernández rechazó la medida de los 36 compromisarios por «populista y demagoga» y, sobre todo, porque «tendría una repercusión en la cuenta de resultados -ya afectada por el citado Real Decreto Ley-, ya que no debemos olvidar -dijo- que la Obra Social existe gracias a, y en relación con, el importe al que asciendan los resultados de nuestra actividad financiera». Admitió que «la cartera hipotecaria constituye el 60% de nuestra cartera de créditos», por lo que sentenció que «no podemos poner en peligro ni los puestos de trabajo de Kutxabank, ni los depósitos de nuestros clientes», precisó.

Ratificación de los 36

Sin embargo, antes de votar la iniciativa de PSE, izquierda abertzale, Ezker Anitza-IU, CCOO que exigía la «paralización inmediata a instancia de la entidad de las ejecuciones hipotecarias en curso» y «la asunción del compromiso de no iniciar nuevos procedimientos hasta la puesta en marcha del servicio de mediación del Gobierno de Gasteiz», entre otra serie de medidas, el PNV llevó adelante una estrategia para romper la unidad de los 36 compromisarios, que inició desde la mañana con contactos urgentes con el PSE.

Así se reclamó que los 36 consejeros se ratificaran en la iniciativa, lo que a juicio de Arantxa Urkaregi, de la izquierda abertzale, «es un auténtico escándalo que nunca se ha producido». Este hecho provocó una fuerte discusión y debate, «como nunca había ocurrido en una asamblea», incluso representantes destacados del PNV acusaron a los 36 compromisarios de excluir de las negociaciones de forma premeditada a su grupo político, cuando la propuesta recoge lo que la izquierda abertzale ha demandado desde hace ya más de dos años.

Al final, 50 votos del PNV rechazaron la iniciativa y apoyaron el Fondo de Desahucios. 27 votaron a favor, mientras que 11 de abstuvieron. Fueron los de CCOO, que en esa misma asamblea afirmaron que apoyaron el escrito para su debate, no su contenido. Lo que generó bastantes críticas. ELA se abstuvo en la iniciativa de paralizar los desahucios y apoyó el Fondo de Desahucios que propuso el presidente de BBK, según explicaron los compromisarios.

El PSE culpó «al PNV y a las abstenciones de CCOO y ELA» de que no se hayan paralizado las ejecuciones hipotecarias y remarcó en una nota que «Mario Fernández obligó a los consejeros proponentes de la iniciativa para paralizar los desahucios que ratificasen su iniciativa antes de votarla». A juicio del PSE, «este procedimiento no está contemplado en los estatutos de la caja de ahorros».

Marta Uriarte, portavoz de STOP Desahucios, criticó con dureza al PNV «por no haber aceptado la paralización de las ejecuciones hipotecarias», a la vez que criticó a ELA y CCOO por su abstención. «Nos han dicho que se ha expuesto el caso real de Amaia Goikoetxea y su hijo de cinco años que tendrá que abandonar la casa el próximo 12 de julio, pero Mario Fernández no se ha inmutado, ni ha respondido a las interpelaciones. No hay derecho», precisó.

Banatuz se marcha

En la asamblea de Kutxa, los consejeros de Banatuz y de la izquierda abertzale abandonaron la última asamblea en la que se analizaron las cuentas de la entidad, ya que a partir de este momento corresponde a Kutxabank. Según explicaron, esa decisión se tomó en dos claves.

«Una más global sobre lo que ha ocurrido a finales del año pasado al pactar el PNV con el PP», que supuso la discriminación en el consejo de administración de Kutxabank a los responsables políticos de Bildu de Diputación y Ayuntamiento de Donostia, entidades fundadoras de Kutxa. «Esa decisión tiene graves consecuencias para Kutxa y los guipuzcoanos de incumplir lo acordado en las asambleas de setiembre y octubre, al reducir la representación de los consejeros de Kutxa en Kutxabank».

Banatuz afirmó que aquella decisión «tuvo carácter partidista» con «el único fin de seguir controlando la nueva entidad».

Pero, además, los representantes de Banatuz mostraron su clara preocupación «a nivel económico por la arquitectura financiera que se ha desarrollado en torno a Kutxa y el progresivo desmantelamiento de la Obra Social con la venta de su patrimonio y las mejores aportaciones realizadas a la misma por tener que tapar sus aventuras especulativas que tanta repercusión negativa está teniendo en Kutxa y su Obra Social».

En ese encuentro denunciaron que «quienes hemos defendido la función social de Kutxa tenemos que denunciar este desmantelamiento por parte de quienes anteponen los intereses políticos partidistas y especulativos a los intereses de la ciudadanía y clientela de este país».

Un dato importante que aportaron los consejeros de Banatuz antes de abandonar la asamblea fue que reconocieron que desde el 2007 al 2011 el patrimonio neto del grupo Kutxa pasó de 2,586,5 millones a 1.820,9 millones «por lo que estamos hablando de la disminución de 765,6 millones».

Esta situación, como explicaron, provocará «una reducción de la Obra Social», porque «la reducción de los beneficios provoca un recorte de la actividad social, tan necesaria en estos momentos».

Sin embargo, Xabier Iturbe, presidente de Kutxa, valoró de forma positiva la actuación de la entidad en el anterior ejercicio y destacó su posición.