El exalcalde de Donostia, Odón Elorza, ofreció ayer su punto de vista sobre el affaire del complejo de Illunbe y la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que condena al Consistorio a abonar otros 8 millones de euros por indemnizaciones a la empresa Nuevo Desarrollo Anoeta (NDA).

El antiguo regidor de la capital guipuzcoana dio continuidad así a la línea argumental puesta en marcha por el actual portavoz del PSE en el Ayuntamiento, Ernesto Gasco.

De este modo, defendió que no hubo ninguna irregularidad en el convenio suscrito con la familia Chopera, que las decisiones que se adoptaron fueron «colectivas y fundamentadas» y que en el futuro este será un excelente negocio para el Ayuntamiento.

Elorza retó a su sucesor en el cargo, Juan Karlos Izagirre, a abrir una comisión de investigación si tiene «una sola razón de peso, basada en un informe de los técnicos directivos del Ayuntamiento, para dudar de mi honestidad en el expediente de Illunbe».

«Error clamoroso» del TSJPV

El actualmente diputado del PSOE en Madrid recordó que en la última legislatura, cuando se aprobó en 2009 dicho convenio para asumir la gestión de Illunbe, también formaban parte del Gobierno municipal Aralar y Alternatiba, mientras que otras formaciones como PNV, PP o EA respaldaron en 1997 el convenio urbanístico que posteriormente fue anulado por el Supremo.

Una vez extendido el manto a casi todo el arco político, Elorza manifestó que si esta sentencia hubiese sido favorable a los intereses del Ayuntamiento «no hubiera habido polémica», lo cual cae por su propio peso. Pero no ha sido así, pese a que estima que el auto del TSJPV «comete un error clamoroso en la aplicación y significado que da en sus conclusiones a la expresión `indemnización única'».

El quid de la cuestión estribaba en que el Consistorio interpretaba que los 21 primeros millones de indemnización abonados a NDA incluían el máximo de 8 millones para pagar a los negocios de entretenimiento u hostelería que tuvieron que cerrar, mientras que la empresa de los Chopera estimaba -y ahora también el TSJPV- que esos 8 millones no estaban incluidos en los 21.

«Exijo a Izagirre que recurra ante el Constitucional», indicó Elorza, quien ensalzó la tarea de su ejecutivo, ya que «resolvió un expediente muy complejo, que arrastraba un conflicto jurídico al que se sumó el fracaso del modelo de ocio del centro».

Además, frente a las acusaciones de haber dejado «una herencia envenenada» a sus sucesores, defendió que se trata de uan «herencia magnífica», ya que a la compra del complejo se sumó la calificación de otros 14.000 metros cuadrados como espacio para actividades terciarias. «Todo lo anterior forma parte importante de la herencia recibida graciosamente por Bildu para obtener, en el momento en que la crisis remita, más de 21 millones de euros», aseguró.

«Ni se la han leído»

Cuando se le recordó que las críticas también han llegado desde otras formaciones como PP y PNV, Elorza estalló: «Goia -portavoz jeltzale- desconoce todos los procedimientos, habla de oídas. Estaba en Diputación con sus carreteras y su Hacienda. Qué le habrán contado, éste no se ha leído un papel». Pero su principal diana siguió siendo el alcalde: «¿Está de acuerdo con la sentencia? De ser así coja la maletilla y váyase a Igeldo. Ni se ha leído la sentencia, y si la ha leído no habrá entendido nada».