La Audiencia Nacional española condenó ayer a penas de entre catorce y dos meses de prisión a 18 aiararras que participaron en una protesta contra la ilegalización en el pleno de Laudio en 2003 mientras que el otro de los encausados ha sido absuelto. El fallo, que llega nueve años después de los hechos, descarta aplicar el calificativo de «terrorista» tal y como solicitaban las acusaciones particulares pero toma en mayor consideración las declaraciones de los cargos del PP, que fueron quienes interpusieron la denuncia, asegurando que sus palabras son «más cualificadas» que las de los policías municipales o los escoltas que les contradijeron durante el juicio. Los querellantes llegaron a solicitar penas de hasta 76 años de cárcel.

Finalmente, la sala impone una pena de un año de prisión por un delito de atentado para Oier Amorrortu y Aitor Goikoetxea y dos meses al resto de acusado por un «delito contra las instituciones del Estado». Además, Amorrortu ha sido condenado por una falta de amenazas y Miguel Ángel Mate, Eulalia Aramendi y Saioa Ugarriza, por otra de injurias. El tribunal, presidido por Ángela Murillo, ha aplicado una reducción de pena por «dilación indebida», ya que incluso la propia Fiscalía tipificó la acusación como faltas y tuvo que ser el Tribunal Supremo el que obligó a juzgar el caso en la Audiencia Nacional.

Las declaraciones de los cargos del PP han resultado determinantes a la hora de imponer la condena. Por ejemplo, el testimonio del concejal unionista de Laudio, Santiago Abascal, ha bastado para imponer la pena de atentado. Del resto de agresiones denunciadas, el fallo reconoce que no se puede acreditar su autoría. Sin embargo, asume que lo único probado es que los araiarras participaron en la protesta portando pancartas y silbatos. También descarta que fueran los unionistas los que provocaran la tensión irrumpiendo en el sala y llega a calificar «valeroso acto de dignidad democrática» su insistencia a pesar de la opinión contraria del resto de concejales.