El Tribunal Supremo estudia hoy el recurso presentado por la defensa de Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta y Arkaitz Rodríguez contra la condena impuesta por la Audiencia Nacional en el llamado «caso Bateragune», que hace referencia al enésimo despropósito protagonizado por el tribunal especial. El juicio celebrado el pasado verano puso de manifiesto qué es lo que Baltasar Garzón quiso abortar cuando ordenó a decenas de uniformados que entraran en la sede de LAB hace dos años y medio, y la condena firmada por Ángela Murillo confirmó la nula disposición del Estado para encarar el conflicto en términos democráticos. Ahora le toca al Alto Tribunal fijar posición en un escenario caracterizado por el histórico anuncio de ETA del 20 de octubre.

La causa abierta contra estos cinco militantes independentistas es un auténtico sinsentido, tanto desde el punto de vista judicial como político. Sin embargo, las autoridades españolas parecen dispuestas a insistir en él, a la vista de las declaraciones del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce. Con todo lo que ha ocurrido en este país en los últimos tiempos, pedir penas de prisión de hasta diez años para aquellos que propiciaron la apertura del nuevo ciclo político es, además de una maniobra vengativa, una agresión a la voluntad mayoritaria del pueblo vasco y un ataque a sus esperanzas de solución. Agentes políticos y sociales han exigido la puesta en libertad de los condenados, rechazando tanto este como el resto de los juicios políticos.

Tampoco es de recibo hablar de «victimismo» al referirse al encarcelamiento de destacados representantes de la izquierda abertzale. Las declaraciones de Josu Erkoreka, recurrentes en el seno del PNV, muestran el nerviosismo de un partido que ha visto menguar su protagonismo político e institucional. Cuando aún no han decidido su candidato a lehendakari, parece que hay quien ve con pavor que la izquierda independentista pueda contar con su principal referente.