Poco más puede esperarse de unos dirigentes políticos que para justificar su inmovilismo en Euskal Herria aducen que los miembros de una formación política «no se han vuelto buenos». De quienes gestionan la política instalados en la dicotomía de buenos y malos. Pero lo cierto es que en estas últimas semanas, mientras cientos de jóvenes proclamaban en Gasteiz la revolución de marzo, otros realizaban día a día su propia involución. Vuelta a un pasado, que en realidad nunca se había ido, de represión en la calle, de silencio en los despachos, de prohibiciones y exhibición de fuerza por parte de los poderes del Estado instalados en Euskal Herria.

Así, y desde que el pasado 3 de marzo los responsables de la Ertzaintza mandaran cargar a los y las jóvenes que salieron con bloque e iniciativas propias a recordar la masacre de 1976, se han sucedido como en un torturador goteo las noticias de los usos y abusos de esa fuerza cuyo ejercicio es, dicen sus leyes, monopolio del Estado.

El saldo personal de los sucesos de este 3 de marzo ha sido grave, con cuatro jóvenes detenidos y un importante número de jóvenes heridos. Pero son también importantes las heridas a los nunca totalmente reconocidos derechos civiles y políticos: disolución con abuso de fuerza de una sentada pacífica; amenazas y golpes; acoso a los jóvenes durante toda la jornada; prohibición de una manifestación unos días después; identificaciones masivas; y la actuación inaceptable de policías armados en un recinto hospitalario.

Pero no todo ha girado estas semanas alrededor de esos sucesos. Han ocurrido también cosas como estas: la Policía Municipal detuvo a dos jóvenes que embadurnaban de pintura un monolito del parque de Judimendi, y les hizo pasar toda la noche en comisaría; la Ertzaintza detenía a dos jóvenes en Amurrio y buscaba a otros dos por echar piedras y pintura contra sucursales bancarias, y además de pasar la noche en comisaría, la noticia era reflejada por los medios con un despliegue desmedido; anuncian que se juzgará a los jóvenes que fueron detenidos el pasado 6 de diciembre tras ocupar pacíficamente los antiguos locales de la Escuela de Artes y Oficios, de propiedad de Diputación y vacíos desde hace 15 años; los militares acampan en Jesús Obrero, en una infame campaña para captar a los jóvenes machacados por el paro y la falta de perspectivas...

A todo ello se suma que la presencia policial en las calles ha aumentado de forma apabullante, y que el acoso policial a las personas inmigrantes rompe con todo principio democrático. No hay más que darse un paseo por barrios como Errota para ver que han instaurado el estado de excepción para las personas que con papeles o sin ellos residen, porque es su derecho hacerlo donde quieran, en esta ciudad.

Y mucho nos tememos que la lista no acabe aquí, máxime tras el anuncio de las desmesuradas peticiones fiscales para las personas que compusieron un piquete en la huelga general que tuvo lugar en enero de 2011, que han dado en lanzar a la información pública justo a las puertas de otra huelga general.

Esta sociedad se ha acostumbrado a situaciones y legislaciones de excepción. Tanto que hemos llegado a asumir como normal que se aplique la detención de forma sistemática y abusiva; que se incomunique a las personas detenidas; que haya que cumplir mil requisitos y superar otros mil límites para ejercer el derecho a la libre expresión en la calle; que la policía pueda irrumpir de forma violenta en cualquier espacio, disolver a golpes toda expresión de protesta, exigir bajo amenazas la documentación a cualquier persona.

Por eso es importante contar lo que ocurre, visibilizarlo, romper con la impunidad del silencio. Y responder. Porque esos hechos no son normales. No debieran haberse dado las legislaciones de excepción que los amparan, ni la utilización sistemática y abusiva de las ya de por sí extensas competencias que otorgan esas leyes, en principio excepcionales. No queremos que todo ello se instale en nuestra sociedad para siempre. No nos gusta esa dialéctica del bien y del mal, esa dicotomía de buenos y malos que nos proponen algunos responsables políticos de este país. No queremos que la impunidad policial sea la norma, que los derechos estén sometidos a férreos controles preventivos. Y trabajaremos para que las garantías de participación civil y política alcancen a toda la ciudadanía.