El Ararteko apoya la excarcelación de los presos gravemente enfermos
El último Informe Anual del Ararteko reclama una nueva política penitenciaria que ponga fin a la dispersión de los presos; permita la aplicación de beneficios penitenciarios y permisos para los represaliados políticos; y favorezca la puesta en libertad de todas aquellas personas que continúan recluidas pese a padecer enfermedades graves. Iñigo Lamarka se reunió ayer en Gasteiz con una comitiva de Etxerat.
Ion SALGADO | GASTEIZ
La Defensoría del Pueblo en la CAV, representada en la figura del Ararteko, Iñigo Lamarka, criticó ayer la política penitenciaria vigente en los estados español y francés. Una normativa penal «determinada y condicionada» por la lucha «antiterrorista» que «carece de sentido» en la nueva situación abierta tras el cese definitivo decretado por ETA el pasado mes de octubre.
Esta idea, recogida en el último Informe Anual elaborado por el Alto Comisionado de la Cámara de Gasteiz, carga contra las medidas de excepción impulsadas por los gobiernos de Madrid y París; y apuesta por fomentar una nueva interpretación de la legislación penitenciaria, atendiendo a criterios de reinserción.
Asimismo, en el texto, Lamarka apuesta por repatriar a los presos políticos vascos a las prisiones de Euskal Herria; y defiende la aplicación de permisos, libertades condicionales y un cómputo de beneficios penitenciarios para los represaliados. Toda una serie de derechos básicos al alcance de los internos sociales pero vetados para los presos políticos.
A su vez, en el texto entregado a la presidenta de la Cámara autonómica, Arantza Quiroga, el Ararteko se muestra partidario de liberar a los quince presos gravemente enfermos que en la actualidad permanecen encerrados tras los muros de las prisiones españolas y francesas. Personas como Txus Martín, José Ángel Viguri y Gotzone López de Luzuriaga, entre otros.
Cita con Etxerat
Tras la presentación del informe, a primera hora de la tarde, Lamarka mantuvo una reunión con una amplia representación de Etxerat, que acudió a la sede del Alto Comisionado, situada en el centro de Gasteiz, para reivindicar una vez más la puesta en libertad de los represaliados enfermos.
Ante los medios de comunicación presentes en el exterior de la sede, Mattin Troitiño, portavoz de Etxerat, explicó que el colectivo de familiares acudió a la capital alavesa con un objetivo: pedir a Lamarka que se dirija a la Defensora del Pueblo en el Gobierno de Madrid, María Luisa Cava, para explicarle la situación de los 15 presos enfermos y de los más de 70 afectados por la doctrina del TS.
En el mismo sentido la comitiva de Etxerat solicitó a Lamarka que interpele a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para poner en marcha una nueva política penitenciaria, basada en el «respeto escrupuloso» de los derechos de los represaliados vascos. «Es necesario que el Ararteko haga todo lo posible en defensa de los presos y las presas políticas vascas. Creemos que es competencia directa de él», añadió.
En cuanto al informe publicado por la Defensoría del Pueblo de la CAV, el portavoz de Etxerat señaló que «cualquier iniciativa referida a los derechos de los represaliados va en la buena dirección. De todos modos, solicitaremos información sobre el mismo al Ararteko durante la reunión», destacó.
Troitiño anunció que el próximo viernes, 30 de marzo, los familiares de los presos vascos se reunirán en Iruñea con el Defensor del Pueblo navarro, Francisco Javier Enériz.
El informe anual del Ararteko, presentado ayer por el propio Iñigo Lamarca en la Cámara de Gasteiz, evidencia un aumento del 320% en el número de quejas vinculadas con la tramitación de las ayudas sociales (322 quejas totales).
Lamarka, que este martes entregó el informe anual de Defensoría del Pueblo en la CAV a la presidenta del Parlamento autonómico, Arantza Quiroga, explicó en una rueda de prensa que el incremento de las quejas está vinculado al aumento del número de personas en riesgo de exclusión social, y al «endurecimiento» de los requisitos para acceder a las ayudas sociales.
En su informe, el Ararteko afirma que se «debe reflexionar sobre el procedimiento que se sigue para suspender la prestación de la RGI, por lo efectos que tiene en la vida de las personas que no disponen, en general, de otros ingresos». A este respecto, Lamarka defiende que la transferencia de la gestión de las RGI a Lanbide abre «una oportunidad para mejorar la tramitación y las garantías que estos procedimientos deben contemplar».
Por su parte, la portavoz del Gobierno de Gasteiz, Idoia Mendia, defendió ayer las ayudas sociales ofertadas por Lakua en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. «Nunca habíamos tenido tantos perceptores de renta», aseguró en respuesta a Lamarka.
Asimismo, Mendia puso en valor el «esfuerzo ímprobo» que, a su parecer, está haciendo el Ejecutivo autonómico para mantener las ayudas sociales en un contexto de crisis económica. «Tratar de ver lo contrario sería engañar», añadió la portavoz del Gabinete de Patxi López. GARA
El próximo sábado la plataforma Herrira tomará las calles de Iruñea en una marcha convocada para reclamar la puesta en libertad de Iñaki Erro, Iñaki Etxeberria, Jesús Mari Mendinueta y Josetxo Arizkuren.
