Las plataformas de Bizkaia y Gipuzkoa de Stop Desahucios rechazaron ayer el fondo a cargo de la obra social de las cajas, como el presidente de BBK, Mario Fernández, propuso al rechazar la iniciativa de 36 compromisarios de la izquierda abertzale, PSE, Ezker Batua y CCOO para poner fin a los desahucios por parte de Kutxabank.

Ambas plataformas sostienen, al contrario de lo que piensan los presidentes de las cajas integradas en Kutxabank, que ese fondo «es un paso hacia atrás, un parche regresivo y antisocial. Con esa iniciativa -explica Stop Desahucios- quieren menguar aún más los recursos designados a la obra social con el único objetivo de tapar su gestión de la burbuja inmobiliaria y no repercutir ésta en sus balances». Explican que «ni siquiera el decreto ley recientemente aprobado por el PP, que Kutxabank se apresuró a suscribir consciente de su escasa aplicación a los hipotecados vascos, habla de usar la obra social de las entidades para paliar el problema de los desahucios».

En base a eso, critican que los máximos responsables de Kutxabank se escudasen, para no tocar el negocio financiero, en que perjudicaría «a su cuenta de resultados y, a la vez, a la obra social». Por lo que se preguntan si «los 200 millones perdidos por Kutxa en la promoción especulativa de viviendas de lujo de Valle Romano en Estepona no han repercutido en la cuenta de resultados o las 3.500 viviendas sin vender en el balance de Caja Sur, adquirida por BBK».

También recuerdan que las tres cajas han provisionado 195,5 millones (Kutxa), 180,8 millones (BBK) y 52,76 millones (Vital) «para tapar el agujero del ladrillo» e interpelan sobre «la pérdida de 700 millones de patrimonio en Kutxa en cuatro años». Se preguntan si los sueldos de 514.900 euros, de Mario Fernández; de 383.000 euros, de Xabier Iturbe y los 183.000 euros en cinco meses de Carlos Zapatero «han repercutido en la cuenta de resultados, como nos dicen a nuestra propuesta».

Por todo ello, las plataformas de Stop Desahucios de Bizkaia y Gipuzkoa han apelado a que si quieren «de verdad» solucionar el tema que «paralicen los desahucios en marcha», y que impongan límites a las ejecuciones hipotecarias «en 360.000 euros», así como la posibilidad de acogerse a «la dificultad económica sobrevenida» y que se fije una cláusula de retroactividad «para quienes se han subastado sus viviendas y se establezca que con la entrega se salda la deuda».