El grupo parlamentario de Bildu ha presentado una moción en la Comisión de Régimen Foral en la que se reprueba la actuación de los responsables políticos de la gestión de Caja Navarra «por el abandono absoluto de sus principios fundacionales y la pérdida de casi la totalidad de su valor». Bildu sostiene que la absorción de la entidad centenaria por parte de CaixaBank es «fruto de una nefasta e irresponsable gestión y unas decisiones políticas que han priorizado fobias ideológicas».

Después de que el lunes Banca Cívica fuera absorbida por CaixaBank, ayer fue día de valoraciones. Las lecturas son radicalmente opuestas. El Gobierno de Nafarroa, por boca del consejero Álvaro Miranda, señalaba que la desaparición de la CAN ha sido «dentro de lo que cabe, la mejor opción posible». Por contra, la oposición y los trabajadores de la entidad fueron muy críticos con cómo se ha gestado el punto final de Banca Cívica y, en consecuencia, el de Caja Navarra.

La mayoría de los análisis que censuran la venta coinciden en hacer un balance de la pérdida de valor de la entidad. El sindicato ELA valoraba que, en dos años, la CAN ha perdido el 80% de su valor (de 1.200 a 150 millones). Este sindicato comparte la opinión de Bildu de que deben de depurarse responsabilidades entre los políticos navarros y cita expresamente a quienes han cobrado durante este tiempo dietas, como la presidenta navarra y el propio Miranda. ELA denunció que los responsables de la escandalosa devaluación de la entidad ahora pretendan «lavarse las manos, intentando hacer ver a la sociedad navarra que nada han tenido que ver con el triste desarrollo de los acontecimientos».

LAB, por su parte, señaló que todos los directivos y todas las personas que hayan estado en los órganos rectores deben asumir su responsabilidad y rendir cuentas a la ciudadanía. A su juicio, con este proceso que comenzó hace una década, «hemos perdido todos, los trabajadores, los clientes, la ciudadanía y los accionistas. La venta de la entidad por una quinta parte de su precio de hace dos años, fundamentalmente, ha golpeado a sus dos propietarios, que son el Ayuntamiento de Iruñea y el Gobierno navarro.

Más allá de que la CAN haya sido vendida a precio de ganga, los parlamentarios de Bidu remarcan que «se ha privado a esta comunidad de un instrumento financiero fundamental para dotar al entramado económico de soluciones a la situación de crisis y ausencia de crédito».

CCOO y UGT se dicen engañados

Mientras la versión oficial del Gobierno es que es «una suerte» que Caja Navarra acabe diluyéndose en el mayor banco del Estado, UGT cargaba contra la operación argumentando que «será la Caixa quien decida sobre el grado de implicación social y financiero de la entidad en nuestro territorio». La central aprovechó su valoración para desvincularse de un proceso en el que fue partícipe cuando en mayo del pasado año dio vía libre a entragar todas las posesiones de la CAN a Banca Cívica. UGT dice ahora que la absorción del grupo «altera todas las condiciones que puso el sindicato para respaldar la integración en Banca Cívica».

Lamentos parecidos salieron de boca de CCOO, que también avaló con su voto en la Asamblea el nacimiento de Banca Cívica. Según CCOO los debates que ratificaron la absorción transcurrieron de forma «deplorable». Sin embargo, el sindicato asume ahora que Banca Cívica era un proyecto dudoso y afirma que la absorción por parte de la CAN «puede tener su lógica empresarial dentro del proceso de reestructuración del sector financiero, pues era previsible que Banca Cívica no fuera capaz de cumplir con los requisitos del Gobierno y, por tanto, era previsible también que tuviera que entrar en un proyecto». Pero quizá, lo más significativo es que CCOO pide una depuración de responsabilidades para los gestores de Banca Cívica, a quienes acusa de «llevar de forma absolutamente improvisada un proceso de huida hacia adelante y, en el último año y medio, no han tenido en consideración los intereses ni de la clientela ni de la plantilla». El sindicato sostiene que la dirección del banco se ha demostrado «incapaz» de sacar adelante un proyecto tan grande.

No resulta extraño que UGT y CCOO quieran desvinculase ahora de su apoyo al proceso de desmantelamiento de la CAN. La primera estimación de La Caixa ha puesto sobre la mesa unos 3.400 despidos y el cierre de entre un 10 y un 15% de las oficinas, por lo que los trabajadores viven una situación complicada. Frente a los empleados, las perspectivas de los directivos resultan radicalmente distintas, puesto que los copresidentes Enrique Goñi y Antonio Pulido parece que se han reservado ya un puesto en el consejo del ahora mayor banco del Estado. Caixabank dijo ayer que descarta la adquisición de más entidades.

El único que parece satisfecho con la operación es el Gobierno español. El ministro Luis de Guindos asegura que la operación ha sido beneficiosa «para todas las partes». Por otro lado, la jornada en bolsa fue de locura. Las acciones de Banca Cívica cayeron un 16,4%. y las de Caixabank, un 2,43%.