Las responsables de Salud Laboral Leire Txakartegi, por ELA; Ibon Zubiela, por LAB; y Jesús Uzkudun, por CCOO, consideraron necesario la puesta en marcha de un Fondo de Compensación del Amianto, que pueda evitar que los afectados y sus familiares tengan que recorrer los juzgados cada vez que reclaman una indemnización por el daño causado durante su vida laboral.

Zubiela, sin embargo, explicó que sería «un error acometer la problemática del amianto sólo en referencia a la creación o no de un fondo de compensación». Txakartegi, de ELA, aportó un dato estremecedor al señalar que en lo que va de año «han fallecido 14 personas, que no aparecen en las estadísticas oficiales» y recordó que en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa se calcula con unas cifras muy prudentes que en los últimos años han fallecido 159 personas que estuvieron en contacto con el mineral cancerígeno. Solo desde 2008 a 2012 han fallecido más de 76 personas.

Uzkudun explicó que las víctimas del amianto «no tienen ni empresa en la que reclamar porque, en algunos casos, han desaparecido. Por lo que defendió la creación del fondo con las aportaciones «de los excedentes de las mutuas y gestionado por la comisión de las prestaciones especiales, aunque explicó que antes de acudir al mismo los trabajadores que puedan deberían reclamar a sus empresas».

Txakartegi admitió que el fondo sería «compatible con la vía judicial ordinaria contra la empresa al objeto de resarcir la totalidad del daño o la parte que no ha quedado cubierta por el fondo, aunque si la firma responsable paga finalmente al damnificado, ese dinero se reintegraría al fondo».

Zubiela explicó que no están en contra de este fondo, pero consideró que ésta es una medida «muy parcial» para abordar la problemática creada por un mineral cancerígeno que se utilizó «sin ningún control y cuyas consecuencias para la clase trabajadora han sido importantes». A juicio de Zubiela, si se afronta este problema solo desde el punto de vista de la compensación, «la solución se quedará coja» y avanzó que «debería estar costeado por las empresas que trabajaron con amianto en sus instalaciones».

LAB sostuvo que «las autoridades deben considerar el amianto no como un problema de salud laboral, sino un problema de salud pública» y reclamó, igual que CCOO y ELA, que haya un control directo del amianto instalado «porque la epidemia alcanzará el máximo en el 2020».