El secretario general de UGT, Cándido Méndez, y el de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, instaron al Gobierno español a «aprovechar» la huelga como una «oportunidad» para modificar la reforma laboral, que es «chapapote», y que supone la «demolición» de los derechos de los trabajadores.

Méndez y Toxo realizaron estas declaraciones en Bilbo donde participaron en una asamblea de delegados de CCOO y UGT, tras la cual llevaron a cabo una manifestación por las calles de la capital vizcaina. En sus intervenciones, el máximo dirigente de UGT aseguró que esta reforma laboral «va a aumentar las colas del paro» y que lo que pretende el Gobierno del PP es «desentenderse» del problema del desempleo.

Por ello, animó a la sociedad a «sacudirse el miedo» y sumarse a la huelga de mañana. «La población trabajadora española no es una población apática, resignada, y quiere ser coprotagonista del presente y del futuro, quiere luchar contra la crisis económica, pero quiere unas alternativas distintas», añadió. A su juicio, con la reforma se «elimina» la negociación colectiva, se sustituye por la «imposición unilateral» del empresario y ya no hay reglas de juego «equilibradas».

Tras asegurar que la huelga es «imprescindible», el dirigente de UGT añadió que la reforma laboral es también un «estímulo» para mantener un modelo productivo, que «nos ha llevado a esta situación y a este nivel tan dañino de destrucción de empleo». Méndez, que denunció la «ideología ultraliberal y de extrema derecha» que impulsa esta reforma, manifestó que, además, se asienta sobre «una falsedad económica como la copa de un pino» y es defender que el «remedio» para el paro es «reducir salarios».

«Es el único camino»

Por su parte, el secretario general de CCOO denunció que la reforma laboral está teniendo unos efectos «tremendos» para la economía y el empleo, añadió que no era «necesaria» y, además, que es «injusta». Toxo indicó que es la reforma laboral «más dura y lesiva» de la historia de la democracia y se mostró convencido de que mañana habrá «una gran huelga general», que no va a ser la «estación final» porque se va a «continuar» hasta que se modifique la reforma.

El dirigente de CCOO señaló que esta huelga ha sido el «único camino que ha dejado» el Ejecutivo después de actuar «sin diálogo de ningún tipo. Es la respuesta justa, proporcionada y adecuada a una reforma brutal de nuestro marco de relaciones laborales», denunció.

Mientras tanto, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, tras expresar su «respeto» a la huelga general, subrayó que «no va a servir para solucionar los problemas de España» y que el Ejecutivo «va a seguir con su obligación de gobernar».

Rajoy insistió en que el Ejecutivo va a continuar con refor- mas que considera «imprescindibles para la recuperación económica y la creación de empleo. Los sindicatos -dijo- tienen derecho a convocar la huelga y el Gobierno tiene la obligación de seguir haciendo aquello que crea mejor para el interés general», señaló, antes de expresar su deseo de que «quien quiera trabajar pueda hacerlo». En su opinión, la reforma del mercado de trabajo va a servir, «en su momento», para crear empleo, y supone una modernización de las relaciones laborales.

Amaiur, ante la ministra

En Madrid, el senador de Amaiur Alberto Unamunzaga instó ayer a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, a retirar la reforma y reorientar otras medidas anticrisis puestas en marcha por su Gobierno. Además, el electo abertzale realizó un llamamiento a participar en la huelga general y abogó por un marco propio de relaciones laborales que permitan desarrollar políticas soberanas, promover un empleo digno y una igualdad efectiva.

La titular de Empleo, por su parte, respondió utilizando el habitual argumentario que defiende que el actual modelo «de reformas y ajustes» es la «única» vía para crear empleo. De este modo, Báñez, que reconoció que la situación económica global es mejor en el conjunto de Hego Euskal Herria que en el Estado, consideró que la crisis también ha afectado los cuatro territorios, por lo que defendió que la reforma facilitará la «creación de empleo estable» y tendrá impacto también en los territorios vascos.

A juicio del senador de Amaiur, la reforma supone el «desmantelamiento» del Estado del bienestar, un recorte del «marco de negociación», el refuerzo de marcos estatales y «más poder para patronal». A su vez, el senador independentista recordó que las recetas aplicadas por el Gobierno español «no son adecuadas» para Euskal Herria.