«Sí, tendrán los mismos derechos». Esta fue la única respuesta que salió ayer por boca del ministro español de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, a la pregunta sobre el mantenimiento de los recursos para las víctimas del franquismo tras la supresión de la oficina encargada de esta materia desde 2008. La senadora de Amaiur, Amalur Mendizabal, planteó al titular de Justicia si quienes padecieron la represión fascista durante la guerra civil y la dictadura «seguirán teniendo a su disposición los mismos instrumentos, recursos y labores de atención, información y coordinación» de los que disponían antes de que el actual Gobierno, eliminase esta oficina. Desde entonces, sus tareas han pasado a ser competencia de la División de Derechos de Gracia y otros Derechos, que se encarga de conceder indultos y títulos nobiliarios. Una circunstancia que, a juicio de Gallardón, no mermará las actuales prestaciones que recibían las víctimas de Franco.

La senadora de Amaiur calificó la medida de «otra piedra en el camino para dificultar que se continúen las labores de investigación y reparación» y recordó que hay estudios que señalan que existen 114.000 víctimas sin exhumar. «Todas las víctimas deben ser tratadas por igual», insistió, para reivindicar la necesidad de garantizar la «verdad, justicia y reparación» para los afectados.