Como no podía ser de otra manera, la decisión del Tribunal Constitucional español de dar por buena la doctrina del 197/2006, que posibilita aplicar la cadena perpetua de facto a muchos presos políticos vascos, era celebrada por la prensa del facherío, que llamaba a la venganza -la que esa prensa reclama- justicia.

«El Mundo» titulaba en primera: «El TC avala la `doctrina Parot' que prolonga la prisión de los etarras». ¿Eso es justicia, prolongar la prisión de un preso que ha cumplido legalmente su condena? Y afirmaba que el debate del TC concluyó «con el aval al criterio fijado por el Supremo para que los terroristas cumplan el tiempo máximo legal de estancia en prisión». Resulta que ese criterio del Supremo contradice a la que el propio Supremo tenía hasta el año 2006, y lo aplica con carácter retroactivo, alargando, como dice «El Mundo», el tiempo de prisión de quienes ya han cumplido sus condenas. Sin embargo, si a Pedro J. le parece bien, será justo. En un punto editorial, ese diario titulaba: «Una decisión del TC de elemental justicia», y recordaba que «Esta doctrina prolonga la estancia en prisión de terroristas y otros delincuentes condenados a altas penas de cárcel al aplicarles los beneficios penitenciarios sobre cada una de las penas en lugar de descontarlos del tiempo máximo de cumplimiento». Es decir, que lo que no dice la ley lo hace una doctrina que interpreta y aplica esa ley con criterios políticos. Después se refiere al «benévolo Código Penal de 1973», que sera benévolo para algunos, y no precisamente para los presos políticos, y concluye alegrándose porque «la doctrina Parot servirá para dificultar las excarcelaciones prematuras por razones políticas». Todas sabemos cuáles han sido las excarcelaciones prematuras. En cualquier caso, la alegría de «El Mundo» deja muy claro el pavor que le produce un proceso de paz y normalización política.

También «La Razón» llamaba «justicia» a la venganza, y decía que el TC «avaló ayer la `doctrina Parot', que evita que los terroristas queden en libertad sin cumplir el máximo legal de 30 años». Y a partir del cual, según el criterio del Supremo hasta 2006, se podía reducir la condena. Finalizaba asegurando que «No hay atajos para los etarras». No, solo hay trampas, legales y saltándose la legalidad.