Como reza el dicho de «si no queréis taza, taza y media», el Gobierno de Rajoy presentó un día después de la huelga general unos presupuestos que han generado un sentimiento de consternación y de rabia. Y, además, la seguridad de una mayor degradación de las condiciones de vida de los ciudadanos. Siguiendo el dictado -alemán- del eurogrupo, la austeridad extrema inspira unos ajustes durísimos, que se concretan en una subida de impuestos -IRPF e impuesto de sociedades-, una amnistía fiscal a los defraudadores, la subida del precio de la luz y el gas, la congelación del sueldo de funcionarios, y un ajuste drástico del gasto en todos los ministerios de un 15%. Unas medidas de ajuste de 27.300 millones de euros que Madrid cree suficiente para cumplir con la cifra del déficit público comprometida con Bruselas, el 5,3% del PIB.

Presentan estas medidas como la única vía posible, pero los recortes draconianos inhibirán masivamente el crecimiento y el empleo. Eso lo sabe perfectamente el Ejecutivo español que, sin embargo, privilegia la necesidad de «convencer» a sus socios comunitarios a corto plazo. Por otra parte, la amnistía fiscal será extremadamente cara y nadie puede asegurar que quien ya ha defraudado una vez, no vuelva a hacerlo seguro de una nueva amnistía, más barata y en mejores condiciones. Estas recetas ya fracasaron en Grecia. En el Estado español no serán un éxito.