La jornada de huelga del jueves miraba de reojo al proyecto de presupuestos que el Gobierno español presentaba ayer. Y la respuesta evidenció que el Ejecutivo de Mariano Rajoy sigue autista ante el creciente descontento social. Las cuentas, calificadas por Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de «ajuste muy duro», incluyen nuevos recortes por 27.300 millones de euros. Finalmente, no se incrementará el IVA aunque sí que habrá un incremento del Impuesto de Sociedades. Sin embargo, también se ha abierto un plazo de amnistía fiscal que permitirá que las personas físicas y las empresas puedan declarar sus bienes ocultos pagando una tasa del 10%. Con esta maniobra, que permitirá a los defraudadores regularizar su situación, el Gobierno de Mariano Rajoy pretende recaudar unos 2.500 millones de euros.

Además, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció la imposición de una tasa judicial que obligará a los afectados a abonar una cantidad en caso de querer recurrir a segunda instancia en determinados procesos en los tribunales. La letra pequeña de los presupuestos se conocerá el martes, cuando el Ejecutivo los presente ante el Congreso de los Diputados. A pesar de todo, Sáenz de Santamaría insiste en que las cuentas buscan «no perjudicar a quienes peor lo pasan» y fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo.

«Estamos en una situación crítica», resumió Montoro, que presentó los presupuestos junto a Sáenz de Santamaría y José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo. Como viene siendo habitual, Mariano Rajoy, presidente del Ejecutivo, no hizo acto de presencia. El titular de Hacienda subrayó que el objetivo de su gabinete es cumplir con el compromiso de déficit del 5,3% del PIB impuesto por Europa. Para ello, insistió en la receta de recortes que viene aplicando el PP desde su llegada a la Moncloa y que combina con un incremento en los impuestos, medida que ya anunció en diciembre de 2011.

En este caso, el hachazo afecta a la propia administración central. Los diferentes ministerios tendrán un recorte medio del 16,9% que se reparte de forma desigual en las distintas administraciones. Presidencia (con una reducción del 3,8%) e Interior (4,3%) sufren una mordida más limitada. Por el contrario, Exteriores y Cooperación (54,4%) y Fomento (34,6%) son los más afectados. Lo que no puede obviarse es el coste social del adelgazamiento de las cuentas. Por ejemplo, en lo relacionado con la Ley de Dependencia. Las cuentas para 2012 eliminan las partidas destinadas a las personas dependientes, poco después de dejar en suspenso nuevas incorporaciones.

Hachazo al empleo

Esta no es la única medida que afectará a los más desprotegidos. Las cuentas, que no han sido presentadas hasta trancurridas las elecciones andaluzas y asturianas, reducen drásticamente las ayudas para el acceso a la vivienda o los planes para la búsqueda de empleo. A las primeras se les aplica una reducción de 322 millones de euros, mientras que para las segundas, la disminución llega hasta los 1.557 millones. Una de las grandes damnificadas es la ayuda a la cooperación y el desarrollo, que tendrá un recorte del 47,6%, lo que se traduce en una bajada de 1.389 millones.

«El objetivo es repartir equitativamente los esfuerzos para hacer frente al déficit», argumentó Sáenz de Santamaría. En esta línea, la vicepresidenta española anunció que se mantendrá la cuantía de las pensiones aunque se congelará el sueldo de los funcionarios, llegando a destacar que, al menos, no bajarán los salarios tal y como ocurrió con el anterior gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Una medida que viene acompañada con el incremento del horario laboral de estos trabajadores. Además, Sáenz de Santamaría aseguró que mantendrán las prestaciones por desempleo así como otros «gastos sociales» como las becas. A pesar de este anuncio, Educación es uno de los ministerios que sufre un mayor hachazo, con una reducción del 21,2% y un descenso de las transferencias de 530 millones. «Estamos en una situación límite en lo que afecta a las cuentas públicas y al desempleo», argumentó.

Perdón a los defraudadores

Además del capítulo de gastos, el Ejecutivo apuesta por incrementar los ingresos a través de subidas de impuestos. No incrementará el IVA pero sí que habrá una subida de la tasa de Sociedades. No incremenarán los tipos, argumentó Montoro, aunque sí que se ajustarán las deducciones. A su vez, aumentarán los gravámenes al tabaco. Las previsiones pretenden recaudar 12.314 millones de euros, unas cuentas que incluyen la subida del IRPF de diciembre.

Sin embargo, el anuncio que generó un mayor revuelo fue la apertura de un período de amnistía fiscal por el que las empresas o ciudadanos que hayan ocultado sus bienes a Hacienda podrán regularizar su situación pagando una tasa del 10%. Con esta iniciativa, el Ejecutivo dice que incrementará sus ingresos en 2.500 millones de euros. La amnistía fiscal, denominada por el Gobierno español como «Programa especial de regularización de activos ocultos», permitirá que quienes han defraudado a Hacienda y se han beneficiado de los paraísos fiscales reciban el perdón de la administración previo pago de una tasa.

Tal y como ocurrió con la subida de impuestos de diciembre, esta es una medida que choca con el discurso mantenido por el PP hasta su desembarco en Moncloa. En junio de 2010, el propio Mariano Rajoy calificaba de «ocurrencia» una propuesta similar del Ejecutivo del PSOE, mientras que la actual secretaria general de los derechistas, María Dolores de Cospedal, la tildó de «impresentable», «injusta» y «antisocial». Nada que ver con una propuesta implementada cuando apenas llevan 100 días en el poder.

Para paliar el impacto del anuncio, Montoro anunció un futuro plan contra el fraude fiscal e instó a quienes mantienen sus capitales ocultos a aprovechar esta opción, cuya fecha de caducidad expira a finales de noviembre. El titular de Hacienda instó a que «se utilice lo más pronto posible porque no se volverá a presentar una ventana así, sino al contrario», argumentó, para después vaticinar que quien no se acoja a esta propuesta «se va a encontrar un plan severo de penalización». En principio, el proyecto contra el fraude será presentado en el próximo Consejo de Ministros.

Al incremento de impuestos y los recortes sociales se une la subida de diversas tasas. La primera de ellas, las del gas y la de la luz eléctrica. El ministro de Industria, José Manuel Soria, indicó que las familias tendrán que pagar un 7% más en su factura eléctrica a partir de mañana. La carga será menor para las empresas, cuyo desembolso aumentará entre el 0,91 y el 4%. El gas subirá un 5%.

El Consejo de Ministros también aprobó la propuesta de Alberto Ruiz Gallardón de imponer una tasa judicial para determinados usos de los tribunales. Este gravamen, que oscilará entre los 50 y los 750 euros, se aplicará especialmente en segunda instancia, lo que abre la vía a que solo quienes dispongan de mayores rentas puedan permitirse apelar ante el juez.

La huelga general que se había celebrado 24 horas antes no logró condicionar al Gobierno español, que insistió en su mensaje de «colaboración» a pesar de no haber contado con los sindicatos para realizar las cuentas. El martes presentará los presupuestos al Congreso, donde su holgada mayoría le permitirá aprobarlo sin dificultad.