Las medidas de austeridad acordadas por el Gobierno británico amenazan con privatizar los servicios públicos, ya sean escuelas, carreteras o llamadas de emergencia a los bomberos. A diferencia de los tiempo de Margaret Tatcher, que se escudó en la liberalización para justificar la venta de British Airways o British Telecom, el primer ministro, David Cameron, ha optado por el pragmatismo.

«No es una cuestión de ideología, ni de que creamos que el servicio privado sea mejor que el público. No tenemos dinero y, por tanto, debemos considerar todas las opciones posibles», declaró el diputado conservador Mateo Hancock. En una búsqueda desesperada de fondos, las agencias gubernamentales buscan alternativas para salvarse y reducir su gasto en un 20%.

La Policía de Surrey, al sur, ha ha dejado en manos de empresas privadas las patrullas de vigilancia, así como la realización de investigaciones penales o la detención de sospechosos. El grupo de seguridad G4S, uno de los más importantes del sector a nivel mundial, se va a hacer cargo de la construcción y gestión de una comisaria en Lincolnshire, así como de las dos terceras partes de su personal.

Por otra parte, algunas universidades públicas están estudiando la posibilidad de vender parte de la universidad.

Unison, el principal sindicato de funcionarios, ha denunciado este tipo de «experimentos peligrosos».