POLÍTICA CARCELARIA DE EXCEPCIÓN
La decisión del TC indigna a los grupos del Acuerdo de Gernika
Convocan una manifestación para el día 14 en Bilbo. Herrira anuncia una reflexión en busca de acuerdos para «dar la vuelta» a la situación
Oihane LARRETXEA- Iker BIZKARGUENAGA DONOSTIA-GASTEIZ
Un día después de que el Tribunal Constitucional avalara la «doctrina Parot» al rechazar 19 recursos tras meses de debate interno, Etxerat considera que la decisión es inaceptable, y anuncia que realizará una valoración en profundidad junto con los familiares de los presos la próxima semana en Donostia. Por el momento, exige al Gobierno español la inmediata puesta en libertad de aquellos que han cumplido su condena.
En una nota, la asociación detalla que el TC debía estudiar 47 recursos, de los cuales tres fueron admitidos -se trata de José Ignacio Gaztañaga Bidaurreta, Juan Mari Igarataundi Peñagarikano y José Mari Pérez Txuri- y 19 fueron rechazados de modo definitivo.
Otros tres no son admitidos a trámite siquiera por el tribunal español: Mitxel Turriente, Isidro Garalde e Itziar Martínez Sustatxa.
El debate en el TC no ha concluido, dado que todavía debe pronunciarse sobre el resto de los recursos. En la sesión de anteayer 22 fueron admitidos a trámite, aunque las expectativas se han reducido mucho con el criterio fjado el jueves. En esta situación están Imma Pacho, Raúl Ibáñez, Iñigo Akaiturri , Jon Koldo Aginagalde, Iñaki Erro, Inés del Río, Bautista Barandalla, Josu Díaz de Heredia, José Ángel Biguri, Gotzone López de Luzuriaga , Iñaki Pujana Alberdi, José Ramón Martínez de la Fuente, Iñaki Fernández de Larrinoa, Josu Amantes, Juan Mari Gabirondo, Maitane Sagastume, Nicolás Francisco, Inaxio Mendibur, Kepa Solana, Iñaki Orotegi y Pakito Lujanbio.
La gravedad de la decisión motivó varias comparecencias urgentes ayer. En Donostia comparecieron los firmantes del Acuerdo de Gernika, quienes denunciaron el inmovilismo del Estado español. «Pretende que las aguas de la resolución del conflicto se estanquen con la esperanza de que se pudran -consideraron-. Y de este modo evidencia que su actitud es la de abortar esta oportunidad histórica para alcanzar la paz».
En nombre de todos los agentes sociales, sindicales y partidos políticos que suscriben el Acuerdo de Gernika, Lorea Bilbao en euskara y Jabi Garnika en castellano corroboraron el firme compromiso de la sociedad vasca para alcanzar las soluciones democráticas. Por ello, se mostraron convencidos de que gran parte de Euskal Herria ha interpretado la decisión como «un ataque frontal al anhelo y deseo de soluciones».
En respuesta a la «legalización de facto de la cadena perpetua», los presentes anunciaron la convocatoria, para el próximo día 14 de abril, de una manifestación nacional en Bilbo. Para que la respuesta al llamamiento sea satisfactoria adelantaron que abrirán de manera inmediata una ronda de contactos con el resto de agentes del país a fin de participen en la misma. Por ello, el lema y caracterización están aún sin definir.
Un portazo a las esperanzas
Horas antes, integrantes de la plataforma Herrira ofrecieron una rueda de prensa en Gasteiz, donde valoraron que el fallo «da un portazo» a las esperanzas abiertas en la sociedad respecto a la posibilidad de alcanzar un escenario de paz y que, asimismo, es una decisión «no democrática» que ataca directamente a los derechos humanos de las personas presas.
Jon Garai y Amaia Esnal recordaron el consenso existente respecto a la necesidad de desactivar las medidas de excepción impuestas a las presas y presos políticos, entre ellas, la doctrina 197/2006, y apuntaron que si en los últimos meses han denunciado la ausencia de pasos por parte de los estados en favor de la solución, esta decisión supone un paso, pero justo en la dirección contraria.
Destacaron que la aplicación de esa norma legal atenta contra un derecho fundamental, como es el derecho a la libertad, al mantener en prisión a personas que ya han cumplido sus condenas. También denunciaron que el alargamiento de las penas tiene efectos «muy negativos» sobre la situación física y sicológica de los prisioneros.
En este contexto, hicieron un llamamiento a los agentes que creen necesario dar pasos en favor de los derechos de los presos a que reflexionen conjuntamente para ver qué vías abrir para denunciar la decisión del TC y darle la vuelta, y a la sociedad a movilizarse. También instaron a que no se aplique esa doctrina a ningún preso más.
Muchos otros colectivos denunciaron la decisión del TC. Entre ellos, la asociación de abogados vascos Eskubideak, para quien resulta «irresponsable» y va directamente en contra de la voluntad social cuando debía tenerla en cuenta en un momento como este.
El PSE sumó ayer sus votos a Bildu, PNV y Aralar para aprobar en las Juntas Generales de Gipuzkoa una iniciativa que aboga por la legalización de la izquierda abertzale, el diálogo «entre diferentes y sin exclusiones» y el traslado de los presos políticos vascos a cárceles cercanas. Solo el PP votó en contra de esta enmienda y su portavoz, Juan Carlos Cano, declaró que «es un error monumental ubicar hoy la política penitenciaria en el centro del debate político porque fortalece a quienes se niegan a desaparecer». Se reclama asimismo la excarcelación de los presos enfermos, de los que hayan cumplido la mayor parte de la condena y la defensa de todos los derechos humanos «sin excepción».
El texto aprobado indica que «será necesario progresar en el reconocimiento, en la compensación y en la asistencia a todas las víctimas, para trabajar en la reconciliación e ir construyendo una memoria pública, admitiendo el dolor producido y ayudando a curar las heridas de las personas y la sociedad».
Las JJGG de Gipuzkoa reivindican que, en el plazo más breve posible, se proceda al reconocimiento legal de todas las sensibilidades e ideologías políticas. GARA
Pocas horas después de que recobrara la libertad tras abandonar la prisión de Ocaña, en Toledo, José Ignacio Gaztañaga confesaba a GARA sentirse contento por la familia, aunque matizando que se trataba de una alegría amarga por «los compañeros y compañeras que se quedan dentro». La libertad de la que ayer se hizo dueño la debió recuperar en 2006, hace ya seis años, si no hubiera mediado la aplicación de la «doctrina Parot». El Tribunal Constitucional estimó su recurso el jueves. Como si fuera una broma macabra, la Audiencia Nacional envió ayer a las prisiones las correspondientes liquidaciones de condena con la fecha debida, de modo que en el caso de Gaztañaga se indicaba a los responsables de Ocaña que debía ser puesto en libertad ¡en marzo de 2006!
A la salida le esperaban su esposa y amigos, con quienes hizo el camino de regreso a Arrasate. Visiblemente emocionado, desde el otro lado del teléfono declaraba que la decisión del Tribunal Constitucional «es una auténtica barbaridad». No obstante, su puesta en libertad era lógico motivo de alegría en la localidad cerrajera, donde familiares, vecinos y amigos habían organizado un emotivo acto de bienvenida.
Al igual que Gaztañaga, José Mari Pérez, Txuri, también fue excarcelado ayer, en este caso de la prisión de Burgos. Un allegado explicó a GARA que antes de acudir al acto de homenaje que habían preparado en Zarautz el expreso se dirigiría a casa de su madre, que ronda los 90 años, para que por fin pudieran abrazarse. Su caso ha sido motivo de especial preocupación en los últimos meses, dado el infarto que le llevó al hospital de Burgos. Pese a todo ello, no ha sido excarcelado por estar enfermo, sino por la revocación de la ilegal prolongación de la condena.
Si bien Pérez abandonó la prisión poco después de las 18.00, desde la víspera varios familiares esperaban en la puerta. A su salida, juntos recorrieron a pie los 200 metros que les separaban de otro grupo de familiares, a quienes Pérez saludó al grito de «Irabaziko dugu!» y «Euskal presoak etxera». Luego entonaron el ``Hator, hator''.
José Mari Pérez fue detenido en 1987 y desde entonces ha permanecido en prisión. Su salida se produce cuatro años más tarde de acabar la condena, ya que debía haber quedado en libertad en 2008.
El tercero y último de los tres presos vascos a quien el TC estimó su recurso es Juan Mari Igarataundi. El zestoarra abandonó la cárcel de Mansilla de las Mulas, en la provincia de León, alrededor de las 15.40. A la salida esperaban su mujer y otros allegados, con quienes hizo el camino de vuelta a Euskal Herria tres años más tarde, ya que debía estar en casa ya en abril de 2009. Entre los tres expresos, por lo tanto, han sumado trece años de prórroga indebida. Cientos de personas lo recibieron al llegar a Zestoa. O.L.
