La misión de la OTAN en Afganistán (ISAF) se ha visto obligada a reforzar las medidas de seguridad para prevenir ataques «fratricidas» después de que desde el comienzo de 2012 hayan muerto diecisiete de sus militares por ataques de soldados y policías afganos, casi un 20% de las bajas entre las tropas de ocupación en el país centroasiático.

Entre las medidas adoptadas para contener esta amenaza figuran la asignación de un militar de la OTAN permanentemente armado cuando soldados de la Alianza esté en contacto con sus homólogos afganos. Este papel de «ángel guardián» se aplica también a un militar mientras sus colegas duermen.

Además, parte de los asesores extranjeros trabajarán en lo sucesivo por correo electrónico y teléfono desde los ministerios.

La «directiva táctica», emitida por el comandante de la fuerza internacional en Afganistán (ISAF), el general estadounidense John Allen, choca de frente con la voluntad fijada de trabajar mano a mano con las fuerzas afganas que deben tomar el relevo de la OTAN a finales de 2014.

«El peligro de estas cosas es que minan la confianza entre ambas partes», explica a AFP Carter Malkasian, un civil que ha trabajado con las tropas de ocupación estadounidenses en Irak y Afganistán y que ahora es miembro del Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra de EEUU.

«Es un círculo vicioso. Nuestros soldados y asesores son asesinados y tenemos que tomar medidas de protección y establecer cierta distancia con los afganos, pero al distanciarnos, los afganos comienzan a desconfiar de nosotros porque sienten que no confiamos en ellos», agrega.

Pero la multiplicación de estas «amenazas interiores», en la terminología de la OTAN, no cuestiona de ninguna manera su alianza con el Gobierno de Hamid Karzai, aseguran los resposables de la invasión y posterior ocupación de Afganistán.

Los soldados de la OTAN «deberán continuar patrullando con las fuerzas afganas, con el fin de prepararlas para asumir el control de la seguridad», dijo el capitán de navío John Kirby, portavoz del Pentágono, si no la estrategia de retirada fracasará.

Las autoridades afganas también han tomado medidas para mejorar la seguridad de los asesores extranjeros y controlar la contratación de agentes para identificar a posibles talibanes infiltrados.

El Pentágono ha intentado varias veces explicar las causas de estos ataques «fratricidas», que tilda de incidentes «aislados», aunque cada vez más habituales, cometidos por afganos «radicalizados» o talibanes infiltrados.

Un reciente estudio del Ejército de EEUU describe el problema como «sistémico» y alude como explicación a la brecha cultural que separa a los soldados afganos de los occidentales.

Para el general Allen, se trata de un elemento intrínseco en cualquier guerra contrainsurgente y con el que los estadounidenses ya han tenido que lidiar en Vietnam e Irak.

Lo mismo piensa Malkasian, que afirma que es un problema que afecta a todos los países que han intervenido en Afganistán. «Esta considerado como uno de los riesgos del trabajo», sostiene.

Algunos creen que es un problema que está bajo control, pero otros están preocupados por sus consecuencias en la opinión pública occidental, contraria ya a esa guerra, porque una cosa son las víctimas causadas por los talibanes y otra, «insostenible», según un exgeneral de la OTAN, las causadas por «personas que trabajan con nosotros».

De policía a policía

El jueves por la noche, un afgano de las milicias locales, reclutadas por Kabul para actuar como Policía local contra la insurgencia, mató a tiros a nueve compañeros en la provincia de Paktika antes de darse a la fuga. Dos agentes fueron detenidos, pero el autor material de los disparos logró escapar, indicó Mujles Afghan, un portavoz provincial.

Los talibanes reivindicaron el ataque mediante un comunicado colgado en su página web y precisaron que el agresor, al que identificaron como Sanaullah, estaba infiltrado en la milicia progubernamental. «Tras el ataque contra las `marionetas' huyó con un vehículo policial cargado de armas y municiones», añadía el texto.

Las milicias locales han sido, pese a su apoyo al Ejecutivo afgano, un quebradero de cabeza para Kabul por las continuas denuncias contra esos cuerpos, que escapan totalmente del control de las autoridades.

Hace apenas medio año, Human Rights Watch (HRW) denunció que las milicias y cuerpos de Policía locales, potenciados por el Gobierno afgano con el respaldo de EEUU, han cometido «serios crímenes» con total impunidad.