Los disturbios en el centro de Barcelona monopolizaron el día después de la huelga general en el Principat, donde el Govern evitó asumir la responsabilidad de una reforma laboral aprobada con sus votos. Una vez más, la Generalitat cerró filas en torno a la polémica actuación policial, que dejó un saldo de 74 detenidos, una veintena de manifestantes atendidos por politraumatismos y tres heridos graves.

La resaca de la huelga general en el Principat fue ayer proporcional a la intensa jornada vivida el jueves, en la que la movilización fue mucho más allá del rechazo a la reforma laboral, para convertirse en una explosión del malestar creciente en la sociedad. Así lo expresaba hasta el lema de la manifestación de UGT, CCOO y USOC, poco sospechosas de posturas antisistema: «Se lo están cargando todo».

Pero como era de prever, el análisis del Govern prefirió centrarse en los contenedores quemados, ignorando por completo el contenido que las llamas transmitían.

Respecto a la reforma laboral en sí, la Generalitat se lavó las manos señalando que era cosa de Madrid, olvidando que fueron los votos de CiU los que evitaron convertir dicha reforma en unicolor. Solo el portavoz de la derecha catalana en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, quiso subrayarlo, titulando un artículo en su blog con un claro «Hoy trabajo más que nunca». Pese a que el portavoz del Govern, Francesc Homs, a diferencia de lo que hizo el PP, no restó importancia a una huelga que paralizó el propio Parlament y tuvo un gran seguimiento en la Industria y algo menor en Servicios y Comercio -82% según sindi- catos, en torno al 20% según Govern-, el protagonismo se lo llevó el conseller de Interior, Felip Puig, que sacó a relucir su faceta más hooligan para justificar la enésima actuación polémica de los Mossos d'Esquadra.

«Delante de delincuentes»

La justificación empezó señalando que durante el jueves Barcelona sufrió «la violencia urbana más grave de los últimos tiempos» y fue calentándose durante la rueda prensa, hasta acabar declarando: «Se debe situar el problema en su cruda realidad, estamos delante de delincuentes». A partir de ahí, en consonancia con la petición del alcalde de Barcelona, Xavier Trias, de endurecer una vez más el código penal, Puig anunció nuevos métodos policiales, más recursos y nuevas estrategias contra los violentos.

Toda una argumentación de manual para justificar las violentas cargas policiales, que convirtieron el centro de Barcelona en un auténtico polvorín e impidieron que la marcha convocada por sindicatos alternativos, asambleas de barrio y asociaciones de base pudiese ni siquiera salir de plaza Catalunya. Una actuación que ha sido criticada hasta por el principal partido de la oposición, el PSC, que por boca de su portavoz, Jaume Collboni, acusó al Govern de «falta de previsión».

Y es que hacía 16 años que las calles de Barcelona no inhalaban gas lacrimógeno, toda una primera experiencia para la mayoría de jóvenes manifestantes que se enfrentaron con la Policía catalana. Una cantidad de jóvenes que cada día son más, según declaraciones del propio Felip Puig: «Hay centenares de violentos identificados y no son los mismos de siempre, son más».

Tantos, que trajeron por el camino de la amargura al espectacular despliegue policial, que movilizó a un total de 9.385 agentes.