La validación de la doctrina de alargamiento de condenas a los presos políticos vascos por parte del Tribunal Constitucional español sigue dando mucho que hablar. En una declaración muy significativa, el portavoz del PSE, José Antonio Pastor, apuntó ayer en Radio Euskadi que «puede que aquí funcione ese mecanismo de compensación: voy a endurecer el tema de la `doctrina Parot' y luego abro un poco más la mano con el tema de Sortu, y así puedo mantener cierta situación de equilibrio».

La tesis apuntala la sensación general de arbitrariedad jurídica e inoportunidad política que ha dejado la decisión emitida el jueves. Pocos días antes, fuentes judiciales ya habían anticipado que el Tribunal Constitucional había cambiado el orden de sus deliberaciones, de modo que el análisis de los recursos de los presos se colocó por delante del planteado por Sortu.

En este «mecanismo de compensación», Pastor incluye un tercer factor: la decisión definitiva sobre el «caso Bateragune», que probablemente se conocerá después de Semana Santa. En este caso, matiza que no tiene claro en qué sentido se decantarán los tribunales españoles -quien delibera aquí es el Supremo- para «equilibrar» su peculiar balanza.

«Caben muchas posibilidades: que salga absuelto el señor Otegi con todos los pronunciamientos favorables, que este juicio sea archivado sin más pero se le sigan aplicando los temas pendientes que tiene de otros juicios -como la inhabilitación para cargo público-, o que directamente se le condene también por el tema de Bateragune y siga en la cárcel -dijo el portavoz del PSE-. Todas las posibilidades creo que están abiertas. Lo único que deseo es que se haga también con la mayor rapidez, porque esta permanencia un tanto indefinida del señor Otegi en prisión lo que sirve es para alimentar el victimismo en el que tan a gusto se desenvuelve todo este mundo».

Junto a Arnaldo Otegi están presos por ese asunto Arkaitz Rodríguez, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta y Rafa Díez Usabiaga.

En cuanto a Sortu, José Antonio Pastor sostuvo que «parece que hay una decisión inminente del TC. A nosotros nos parecería adecuado y conveniente que se produjera cuanto antes, y que produjera la legalización de Sortu porque sería que legalizar lo que en la calle es legal. Creo que en las próximas semanas se producirá ese desenlace».

Reuniones con víctimas

Siguiendo la tesis de Pastor, la decisión de mantener entre rejas a diecinueve presos políticos vascos con la condena prolongada artificialmente (sobre un total de 22 recursos analizados) sería una concesión al sector de la opinión pública española más opuesto a la apertura de un proceso de soluciones.

La decisión del Constitucional fue acogida con gran satisfacción desde organizaciones como la AVT, cuya presidenta, Ángeles Pedraza, manifestó que están «contentos y satisfechos», aunque les hubiera gustado que también los tres excarcelados -José Mari Pérez Txuri, que se encuentra enfermo, Jose Ignacio Gaztañaga y Juan Mari Igarataundi- se quedaran dentro.

Pedraza admitió que «lo más importante» es que en el fondo se haya avalado la «doctrina Parot» porque, según dejó caer, «en nuestra organización nos estábamos temiendo lo peor».

Su antecesor en el cargo y ahora presidente de otra asociación llamada Voces contra el Terrorismo, Francisco José Alcaraz, añadió por su parte que el apuntalamiento de la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en 2006 «es algo de justicia», aunque abogó por esperar a conocer las sentencias concretas para saber «si se deja abierta la puerta a la lectura de casos individualizados». Alcaraz añadió que «la `doctrina Parot' es mucho más blanda que la cadena perpetua», pese a la constatación evidente de que nadie en toda Europa cumple condenas tan largas como las de los presos políticos vascos, que llegan a superar los treinta años.

En las últimas semanas existía constancia de que el Ministerio del Interior y el PP vasco han mantenido varios contactos con estas organizaciones para sondear su opinión sobre la manera de afrontar el nuevo escenario político. Además de Fernández en persona, también el «número dos» del PP vasco, Iñaki Oyarzábal, se ha implicado en esta labor.

El jueves, tras el dictamen del Constitucional sobre estos 22 recursos, el ministro Fernández optó por alinear su posición totalmente con la de las asociaciones de víctimas. Así, dijo que siempre acataría estas sentencias, pero que además en esta ocasión quería añadir que estaba «muy satisfecho».

El factor europeo

Fuentes judiciales españolas insisten en poner sobre la mesa otro dato: que el Tribunal Constitucional ha adoptado su decisión deprisa porque teme que en breve el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo dicte su primera resolución sobre los recursos de estos presos. En concreto, sobre su mesa está el presentado por la prisionera de Tafalla Inés del Río, encarcelada en 1987. Tenía fecha de liquidación de condena para el 2 de julio de 2008, pero dos meses antes se emitió otra fecha en base a la doctrina 197/2006, por la que se le pretende mantener entre rejas hasta el 27 de junio de 2017, nueve años más.

En el caso de Gaztañaga, Igarataundi y Pérez se ha producido una situación que resume todo este despropósito. Al anulárseles la prórroga de la condena, el viernes la Audiencia Nacional envió a las cárceles respectivas sendos oficios con las fechas de liquidación de condena correctas, en los que comunicaba que las excarcelaciones debían producirse en 2006, 2008 y 2009. Por tanto, solo entre los tres han sumado trece años de cautiverio añadido respecto a lo que les correspondía.