Continúa la resaca de la huelga general en Barcelona. El ministro de Interior, el catalán Jorge Fernández Díaz, anunció el domingo que su Ministerio trabaja codo con codo con el de Justicia para reformar por enésima vez el Código Penal, con el objetivo de poder imputar a los detenidos en disturbios el delito de pertenencia a «organización criminal» y elevar así la condena mínima a los dos años, de forma que los jueces puedan decretar prisión provisional.

Sin embargo, hay cosas en esta reforma que no cuadran; sin ir más lejos, que tres de los detenidos en Barcelona durante la huelga general están ya en la cárcel de Cuatre Camins -un cuarto está también en prisión a la espera de que se abone la fianza impuesta-. Cabe señalar, además, que los tres encarcelados fueron detenidos durante la mañana, antes de los fuertes disturbios de la tarde.

Y es que, como bien señaló el periodista David Fernández ayer, esta reforma anunciada al calor de los incidentes de la huelga en Barcelona, ya existe. El correligionario de Fernández Díaz y también ministro del Interior en el año 2000, Ángel Acebes, introdujo el artículo 577 en el Código Penal para castigar a los alteradores de «la paz social» sin necesidad de que perteneciesen a ninguna «banda armada, organización o grupo terrorista». Una indefinición premeditada cuyas consecuencias son de sobra conocidas en Euskal Herria, pero también en el Principat, donde se aplicó a los llamados «tres de Gràcia», tres jóvenes de este barrio barcelonés a los que se les imputó la quema de cajeros automáticos en 2002, para ser finalmente absueltos después de un tortuoso proceso judicial.

Cuesta entender el anuncio de Fernández Díaz, solo comprensible desde el esfuerzo por ocultar una actuación desmedida de las fuerzas de seguridad, que destrozaron los bazos de dos manifestantes, el ojo de otro y causaron más de una veintena de politraumatismos, sin evitar la propagación de los disturbios. Más bien al contrario.

Carga ante la Modelo

Algunos de los convocantes de la huelga señalan que, en realidad, las casualidades son más bien pocas y que se trata de una campaña político-mediática premeditada, con el objetivo de criminalizar la disidencia e intentar desactivar unas movilizaciones que, según el calendario previsto, en mayo alcanzarán un punto álgido.

Así lo denunciaron ayer varios centenares de personas concentradas en la plaza Universitat, desde la que exigieron la libertad inmediata de los encarcelados y la absolución de los imputados por los incidentes de la huelga.

Al grito de «Si nos tocan a una, nos tocan a todas», se dirigieron luego a la prisión de la Modelo, en solidaridad con los encarcelados, donde la tensión aumentó ante la numerosa presencia policial de los Mossos d'Esquadra, que llegaron a cargar y agredir a un discapacitado físico, deteniéndolo y abandonando su silla de ruedas en la calle. La manifestación concluyó en la comisaría de la policía catalana de Les Corts, en un nuevo capítulo de una historia que promete alargarse.