A pesar de disponer de escasa información, ya que únicamente se les ha notificado el fallo de las resoluciones adoptadas sobre la doctrina 197/2006, los letrados criticaron el modo en que ha procedido el Tribunal Constitucional (TC) español respecto a ellos y sus defendidos. Recordaron que el alargamiento de las condenas comenzó a aplicarse en febrero de 2006, «sin que ni los propios interesados» supieran las razones para mantenerles en prisión, lo que calificaron de «inaudito en cualquier Estado de Derecho» y lo achacaron a que «una vez más» el poder judicial «se ha doblegado» a los intereses políticos.

Después de seis años, los defensores de los presos políticos tan solo saben que se ha otorgado el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho a la libertad a tres presos, se deniega a 19, se inadmite el recurso a tres, aceptándose el de otros 22 prisioneros y al menos los casos de 20 se encuentran pendientes de resolverse. Lo dijeron Ainhoa Baglietto y Alfonso Zenon, que ejercieron ayer de portavoces de los letrados, acompañados de los expresos José Ignacio Gaztañaga, Juan Mari Igarataundi y José María Pérez Díaz, que fueron liberados la semana pasada al otorgarles el TC su amparo, y Kandido Zubikarai y Carlos Pérez Juel, quienes estaban en libertad antes del fallo.

Anunciaron que, una vez dispongan de las resoluciones, acudirán a instancias internacionales como el Tribunal de Estrasburgo o la ONU, además de estudiar la posibilidad de revisar las condenas en base al actual Código Penal. «Agotaremos en definitiva todas las vías posibles», dijeron antes de añadir que se les hace «muy difícil luchar contra decisiones judiciales que no se fundamentan en normas y principios jurídicos y constitucionales».

Consideran que lo único que ha quedado claro es el «sometimiento» del poder judicial al político. «Han de ser derogadas todas las doctrinas y normas excepcionales ya que ningún sentido tiene, si alguna vez lo ha tenido, aplicarlas en el momento actual», remarcaron.

Precisamente el momento elegido no pasó por alto, al margen del ataque que supone hacia el Colectivo de Presas y Presos Políticos Vascos (EPPK), «ahondando aún más si cabe en una política penitenciaria cruel que vulnera los derechos más fundamentales». Lo calificaron de «ataque frontal» a la nueva fase política abierta en el país.

Baglietto y Zenon incidieron en que la gravedad de la decisión adquiere una dimensión mayor cuando durante «más de cuatro años» el TC se negó a la suspensión cautelar de las condenas mientras se resolvían los recursos, aduciendo que se iban a tramitar «de forma urgente», y la prolongación de la condena se hizo dos años antes, en 2006.

«¿Quién repara el daño?»

Con esta trayectoria, denunciaron el modo de resolver los recursos, «sin dignarse a comunicar los argumentos utilizados. ¿Qué ocurre ahora con Gaztañaga, Igarataundi y Pérez, los cuales han permanecido 6, 4 y 3 años de prisión injusta e ilegal? ¿Cómo -añadió Zenon- se repara el daño causado?».

Los abogados no alcanzan a entender las razones barajadas por los magistrados para otorgar el amparo a estos tres prisioneros y rechazar los del resto. «Las situaciones son similares, los casos son en ocasiones idénticos. No se puede entender -resaltaron- si no es bajo la aplicación de criterios que no son estrictamente jurídicos, principios como los de proporcionalidad o retrospección que no son principios constitucionales, sino criterios oportunistas utilizados por el poder político de turno».

No era algo nuevo, puntualizaron, ya que en 2003, con la aprobación de la Ley Orgánica 7/2003, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, el Gobierno español fijo en 40 años el límite máximo de cumplimiento, ampliándolo en una década. Además, se estableció una serie de medidas que en la práctica hacían «imposible» la aplicación de beneficios penitenciarios a EPPK.

La doctrina 197/2006 era la reforma que faltaba. «Se cerró el círculo y se instauró de facto la cadena perpetua. La semana pasada hemos asistido a uno de los últimos capítulos de esta operación política con barniz judicial», apostillaron en su análisis de urgencia.

Asimismo, solicitaron a la comunidad jurídica de Euskal Herria e internacional que se «rebele» ante lo que consideran una «inaceptable decisión judicial» y se mueva para conseguir la derogación de las doctrinas y normas excepcionales. No faltó el llamamiento a la sociedad vasca a movilizarse de nuevo.