La presidenta de la AVT mantuvo ayer un encuentro con el delegado del Gobierno español en la CAV, Carlos Urquijo, al término del cual afirmó que nunca aceptará, no ya la puesta en libertad, sino el acercamiento a Euskal Herria de las presas y presos políticos vascos que se encuentran enfermos. Y enfatizó que no lo hará ni siquiera en los casos más graves o «que estén en estado terminal». No sorprende este mensaje por parte de quien se ha erigido en lobby de los sectores más intransigentes del nacionalismo español y que mantiene una posición nítida en contra de cualquier intento de solución, pero sí debería sorprender, e incluso alarmar, a las mentes más lúcidas del Estado que este tipo de grupos se crean en disposición de fiscalizar la actuación de un ejecutivo que gobierna con mayoría absoluta. La cancha que le han dado a su discurso vengativo acabará siendo un problema para el Estado.

Contrasta esta posición con la que mantienen en la entrevista que publica hoy este diario Carmen Galdeano e Idoia Muruaga, dos personas directamente afectadas por la violencia estatal -ambas perdieron a un ser querido a causa de ella- pero que, al igual que muchas otras, han apostado por sobreponerse al dolor y tratar de aportar en positivo al proceso de soluciones abierto en este país. Demandan, como no podía ser de otra manera, verdad y reconocimiento, ya que todo ello se les ha negado desde que sufrieron su irreparable pérdida, pero lo hacen mirando al futuro, a un nuevo tiempo en el que nadie vuelva a sufrir nunca lo que ellas mismas han padecido. Lejos del odio y la venganza.

El dolor es algo íntimo e intransferible, y nadie puede decirle a ninguna víctima cómo debe convivir con él. Esa es una decisión propia que debe ser respetada. Pero ese mismo dolor no puede utilizarse como argumento político o como excusa para obstaculizar el camino emprendido por este pueblo. La solución llegará, le pese a quien le pese, y será beneficiosa para todas las partes. También para quienes hoy intentan evitarlo.