Han sido meses de trabajo y en las semanas previas quienes han estado empujando el proyecto de creación de una fundación que agrupe a las personas afectadas por la violencia estatal tratan de ultimar el manifiesto fundacional. No se sienten cómodas con el término «víctima» y piden honestidad al Estado español para reconocer el daño causado y cesar el empleo de la violencia.

En este nuevo tiempo abierto en Euskal Herria, ¿se sienten las grandes olvidadas?

CARMEN GALDEANO.- En este tiempo y en los años en los que ha habido violencia por parte del Estado y de ETA, nunca se ha hablado de víctimas que no hayan sido provocadas por la violencia de ETA. Es hora de poner cara y nombres a todo ese sufrimiento que ha habido a consecuencia de las diferentes violencias practicadas por el Estado. Si verdaderamente queremos una salida democrática y un proceso de paz, no podemos hablar solo de una verdad y de unas víctimas. Tenemos que poner encima de la mesa esa otra realidad.

Cuando hablan de afectados de la violencia estatal, ¿a quiénes se refieren?

C.G.- No podemos olvidar que el Estado ha ejercido su violencia, a veces de forma legítima, otras ilegítimamente, a través de grupos parapoliciales, la Triple A o el GAL; mediante la dispersión y las políticas penitenciarias, con familiares fallecidos en accidentes al ir a visitar a sus allegados presos, muertos en las cárceles por enfermedades; por torturas, no solo podemos hablar de víctimas mortales, hay miles de torturados; en un conflicto en el que ha habido gente que ha muerto tanto en enfrentamientos armados como por explosiones fortuitas. Ha habido un montón de muertes que han estado silenciadas, que han tenido un motivo, el conflicto político vasco, y desde luego nosotras consideramos que todas ellas necesitan salir a la luz y ser respetadas y reconocidas.

¿Cuál es su principal reivindicación? ¿Ser reconocidas?

IDOIA MURUAGA.- Últimamente este asunto está de gran actualidad. Cuando hablan de víctimas, de sufrimiento, de dolor, no nos sentimos reconocidos para nada. Hay otra realidad que existe, que ha sido tapada y silenciada, y lo único que queremos es sacarla a la luz: que tenemos nombres y apellidos, que nuestros familiares existían. Por eso, abogamos por un reconocimiento para llegar a una verdad.

El 26 de noviembre ofrecieron una rueda de prensa en Bilbo, en la que aportaron su análisis y anunciaron nuevas iniciativas. ¿Qué pasos van a dar?

I.M.- Lo primero que teníamos claro es que son muchísimos los casos y las modalidades, por desgracia, de sufrimiento que ha tenido este pueblo. Estamos tratando de hablar entre nosotros y nosotras, juntarnos, decidir qué es lo que pensamos, cómo vamos a salir ante la opinión pública... Exigimos el reconocimiento de la violencia del Estado, de la represión, esa violencia que hoy persiste, y vamos a luchar por la verdad absoluta. Como parte que nos sentimos del conflicto, queremos aportar en positivo, como cualquier otro agente social, pues es importantísimo que la sociedad tome parte en este proceso. Tenemos la obligación, la necesidad y el derecho de aportar desde donde podamos. No para condicionar la política, no creemos que sea nuestro papel, pero sí para decir que efectivamente somos un agente más de esta sociedad y por supuesto del conflicto, y no se puede olvidar.

¿Están barajando la posibilidad de constituirse en asociación?

I.M.- Estamos hablando de ello, nos estamos reuniendo con todos los familiares para ver cómo lo hacemos. La idea sería juntarnos en base a lo que nos ha unido en el pasado, ese sufrimiento y el dolor, y a partir de ahí ver cómo vamos a hacer para llevar en positivo todo ese sufrimiento y dolor que padecemos y seguimos padeciendo.

Las denominadas «víctimas del terrorismo» parecen haberse convertido en un obstáculo para que el Gobierno español dé pasos. ¿Cuál será su papel?

I.M.- Queremos condicionar en la medida en que pretendemos que se conozca toda la verdad. Si eso es condicionar, pues sí. Reconocemos el papel que están jugando esos colectivos de víctimas, pero no entramos en esos parámetros para nada. Se dejan llevar por el odio y la venganza. Nosotros queremos construir en positivo, llegar realmente a un acuerdo democrático en paz, que se sepa toda la verdad. Sabiendo toda la verdad garantizaremos entre todos y todas un acuerdo democrático donde Euskal Herria y todos nosotros y nuestros familiares puedan vivir en libertad y en una paz verdadera, con justicia.

¿Por qué en este momento?

I.M.- La necesidad de hablar y agruparnos siempre ha estado ahí. Ahora es el momento porque se habla todo el rato de víctimas, de sufrimiento, de dolor, se crea una ponencia... Si se habla de derechos humanos, no se pueden olvidar ciertas cosas. Queríamos, y les queremos, a nuestros familiares, como también lo pueden hacer otras personas, y nos sentimos orgullosos de ellos. Queremos evidenciar que todo ese dolor que tienen y que respetamos, porque sabemos muy bien de qué dolor hablan, no nos va a condicionar para obstaculizar el proceso abierto.

¿Cómo se van a organizar?

I.M.- A través de una fundación.

¿Por qué razón?

C.G.- En el ámbito de las ideas en el que nos movemos, debemos buscar primero el reconocimiento personal. El reconocer a alguien es el primer paso para respetarlo. Luego, exigir toda la verdad, no solo un relato, por lo menos dos; el segundo es el nuestro. El reconocimiento tiene dos dimensiones: que reconozcan que existimos y que el Estado reconozca la parte de responsabilidad que le corresponde. La guerra sucia, la política de tirar a matar, la política penitenciaria, la tortura... no han nacido en una probeta, son responsabilidad del Estado, y a él y a todos los partidos y agentes políticos que han tenido responsabilidad hay que exigirles, al igual que a ETA, que asuman su parte de la responsabilidad. Eso requiere un trabajo ideológico muy fuerte.

Partimos de que somos invisibles, una realidad negada, vamos a encargarnos de ser visibles, a llevar nuestra voz, nuestras opiniones, nuestros familiares, y vamos a llevar la responsabilidad del Estado a todas partes y para eso nos hace falta una herramienta ágil. No un movimiento pueblo por pueblo; eso igual es útil a la hora de recopilar lo que han sido los efectos de la represión, pero lo que buscamos es una herramienta que incida en el plano de las ideas. Para eso, nos parece mucho más oportuno crear una fundación que recoja las sensibilidades y las opiniones de todas las personas afectadas por la violencia del Estado. Hablamos de miles de personas: familiares de muertos, de heridos, de torturados. Son las ideas las que tenemos que poner a trabajar, para interpelar a todos los agentes políticos y sociales, a todas las instituciones, a todos los medios de comunicación para que nuestra voz sea escuchada.

¿Cuándo se va a hacer visible ese nuevo agente?

I.M.- El 22 de abril echará a andar la fundación de afectados por la violencia del Estado. Nos presentaremos con lo que hemos acordado entre todos los familiares. Haremos público un manifiesto fundacional que tiene como base el respeto y el reconocimiento, cómo lo planteamos, para qué, cuáles son los objetivos, los modos de darnos a conocer... En ese documento se plasmará lo que nos agrupa y nos une, sirviendo de carta de presentación. En estas semanas previas, estamos trabajando con decenas y decenas de familiares recogiendo sus aportaciones.

¿Creen que los estados están preparados para reconocer el daño que han causado?

C.G.- Hoy en día claramente no, porque en vez de aprovechar la actual coyuntura y dar pasos adelante ya hemos visto lo que ha pasado en el Tribunal Constitucional con la «doctrina Parot»: en vez de poder aprovechar este momento para ir avanzando, lo que estamos viendo es dar pasos atrás. Nuestra irrupción en este momento del proceso tiene que ser importante para impulsarlo.