Cuando escucho a Gemma Zabaleta, consejera de Empleo y Asuntos Sociales, hablar de iniciativas dirigidas a promover el acceso al empleo de las personas con discapacidad, siento lo lejos que está su Departamento de elaborar políticas integradoras reales. Hace unos días, en su comparecencia en la Comisión de Políticas Sociales del Parlamento Vasco, presentó la situación de los Centros Especiales de Empleo (CEE) dejando clarísimo su visión parcial y sesgada de la realidad de estos centros, la cual solo se limitó a resaltar determinados aspectos relacionados con las subvenciones de contrataciones por parte de Lanbide, y donde silenció las consecuencias de un modelo de empleo basado en la exclusión y el paternalismo.

Las personas con discapacidad hemos sido objeto de dinámicas excluyentes en el acceso al empleo por parte de un sistema económico que nos ha considerado como improductivas o de escasa capacidad para producir valor.

Ello se sigue traduciendo en las mayores tasas de desempleo en relación a las personas sin discapacidad, que se agrava aún más en el caso de nosotras, las mujeres. Igualmente nuestras condiciones salariales están muy por debajo de la media del país, y raramente superan el umbral de la pobreza. La vía de acceso al empleo normalizado en igualdad de condiciones no ha pasado de ser algo anecdótico.

Han primado las consideraciones de mano de obra barata sobre otras que pudieran poner el acento en la desaparición de la brecha salarial con el conjunto de las trabajadoras y trabajadores.

El papel de la Administración no puede limitarse a la subvención de unas fórmulas productivas que haga de los centros especiales de empleo un objetivo en sí mismo, con el riesgo evidente y real de abrir las puertas a quienes ven en ello oportunidades de negocio fácil.

Lo ocurrido en la gestión del Servicio de Teleasistencia por parte del Gobierno Vasco ha puesto en evidencia esta rechazable realidad: promoción de la subcontratación con el objetivo de empeorar las condiciones salariales de las trabajadoras y los trabajadores con discapacidad, todo ello de manera subvencionada por Lanbide.

La Administración debería eliminar barreras, crear oportunidades; debería hacer de función integradora, para que todo nuestro colectivo pueda desarrollar proyectos de vida autónomos, para que el concepto «inclusividad» no sea solo una más de las palabras rimbombantes en sus discursos. La Administración debe diversificar las alternativas de empleo para el colectivo, obligar a las empresas ordinarias a asumir la integración inclusiva, a controlar la utilización del dinero público, a poner límites a los salarios de alta dirección y a cerrar las puertas a quienes especulan con las condiciones laborales de las personas con discapacidad.

Las personas con discapacidad queremos tener una vida independiente y autónoma, queremos que dejen de ser los CEE nuestra única alternativa para trabajar.

No queremos sentirnos mano de obra barata. Queremos que se diseñen políticas integradoras reales de adaptación, de accesibilidad o de formación. Queremos que cuando se contrate a personas con discapacidad se haga un esfuerzo también por contratar al colectivo doblemente discriminado como son las personas con discapacidad intelectual. Y queremos que revise y se mejore la normativa que regula las ayudas al empleo protegido.

Pedimos que se nos escuche, que se nos tenga en cuenta y que cuando se hable de nosotros y nosotras se mire con lupa toda nuestra realidad. Somos personas trabajadoras con los mismos derechos laborales y sociales que el resto.

Reivindicamos el derecho a un empleo digno, e interpelamos a las instituciones, y a la suya en particular, a que se empiecen a respetar tanto las leyes actuales, como la adopción de políticas que garanticen la igualdad de oportunidades en su sentido más amplio. Demandamos, Sra. Zabaleta, declaraciones y políticas en el sentido contrario al actual.