Adolfo Muñoz intervino ayer en una concentración convocada por el sindicato en Gasteiz frente a la sede de la Delegación del Ejecutivo español en la CAV y en la que participaron alrededor de 400 delegados de esta central sindical. Ante ellos, su secretario general calificó la situación actual de «emergencia social» y auguró que la reforma laboral «va a hacer que aumente el paro y la pobreza» en Euskal Herria.

Por ello, pidió a los responsables políticos que no acepten los recortes anunciados por el Gobierno español en materia social y de empleo. En esta línea, emplazó a «aquellos que no estén dispuestos a asumir las directrices de Rajoy» a «ser consecuentes y abrir una crisis política real».

«Solo así tendrán credibilidad, no vale decir que no estoy de acuerdo y luego cumplir, con el argumento de que es una ley básica y estoy obligado a ello», añadió al respecto.

Muñoz arremetió contra prácticamente toda la clase la política que está dando cobertura al «burdo espectáculo de entretenimiento, manipulación e hipocresía» del Gobierno del PP.

«Los parlamentarios son bultos que levantan la mano para dar autorización a un ataque despiadado contra los derechos laborales y sociales», insistió.

El secretario general de ELA denunció la «cruel» reforma laboral que busca deteriorar los salarios «a niveles irreconocibles» y «pretende subvencionar a la patronal para garantizarle beneficios imponiendo la precariedad».

A su juicio, la patronal está «encantada» con dicha reforma y es «consciente de los regalos que el poder político le hace».

«La codicia les nubla la vista y les vuelve estúpidos», dijo, porque, según argumentó, la crisis tiene un componente relacionado con la demanda y si a todos los recortes públicos se les añade el ataque a los salarios, «no van a vender y no van a producir».

La alternativa a estos ataques, aseguró, es aumentar la «relación de fuerzas» sindicales en cada centro de trabajo trasladando una mayor responsabilidad a la militancia del sindicato. «Va a ser la única garantía de blindaje: nuestra propia relación de fuerzas», subrayó.

Por su parte, Igor Eizagirre, secretario general de la federación Gizalan, señaló que el aumento de jornada a 37,5 horas semanales va a destruir más empleo en el sector público. Exigió por ello que se respeten los acuerdos en el ámbito vasco.