Si, como afirma el Gobierno de Lakua, tiene disposición de «llegar hasta el final», no le costará mucho identificar al ejecutor material de la muerte de Iñigo Cabacas ni a los responsables de la «negligencia». A tenor de la comparecencia parlamentaria de Rodolfo Ares, en ese callejón actuaron dieciocho ertzainas en total, seis de los cuales utilizaron peloteros, de los que salieron unos 50 proyectiles. De su identidad no hay dudas porque, según apuntó Interior en su nota del lunes, se les está tomando declaración. Se añade que puede haber varias grabaciones en vídeo de los hechos. Determinar la cadena de mando será, lógicamente, aún más fácil. Un agente del operativo entrevistado ayer en ``Deia'' respondía que «sí» cuando se le preguntaba si cree que el autor del disparo fatal va a ser identificado. No obstante, para eso se necesitará que deje de regir la ley del silencio habitual en estos casos.

La cobertura mutua entre policías es la norma. La inexistencia de una identificación visible (como el número de placa) y el hecho de que casi siempre actúen encapuchados (ellos prefieren llamarle «verduguillo») hace el resto. El resultado: impunidad generalizada, lo que escuece especialmente a las decenas y decenas de víctimas de este tipo de actuaciones policiales.

Es el caso de Txuma Gómez de la Merced, vecino de Iruñea que perdió un testículo en la masiva carga de la Ertzaintza contra una manifestación en Bilbo el 14 de setiembre de 2002. Los tribunales ordenaron a Lakua indemnizarle por ello, pero Gómez remarcaba a GARA que «la mayor espina que tengo clavada es que no haya sido condenado por vía penal el que disparó en mi contra, o el mando encargado de la actuación. A los responsables de Interior les da igual la indemnización, porque la pagan los contribuyentes», añadía con lógica aplastante.

En aquel caso, responsables de la Ertzaintza como el viceconsejero de Seguridad, Mikel Legarda, el director de Seguridad Ciudadana, Jon Uriarte, y el jefe policial en Bizkaia, Jorge Aldekoa, fueron citados a declarar como imputados en una causa penal. Sin embargo, el caso quedó bloqueado en esa vía al no determinarse nunca qué agentes de la Brigada Móvil dispararon.

Iribarren asume que nunca lo sabrá

En vía administrativa han acabado el resto de casos. La mano que dispara detrás de la capucha no tiene nombre. Por ejemplo, jamás se supo quién lanzó el bote de humo a bocajarro que, el 15 de diciembre de 1991, estuvo a punto de acabar con la vida de Mikel Iribarren Pinillos, joven de Errotxapea de 18 años, y le ha dejado secuelas para siempre. Diecisiete años después, cuando el Tribunal de Estrasburgo condenó al Estado español por la dilación del proceso, Iribarren explicaba a GARA que ya había perdido toda esperanza de saber quién era aquel policía español: «No, eso es imposible. Supongo que estará condecorado y en el destino que haya pedido: Chipiona, Jaén... donde sea. Pero si es persona humana, la conciencia le tiene que estar reconcomiendo».

La actuación policial en el caso de Iribarren tiene aún más paralelismos con la de Cabacas, que desgraciadamente no ha podido sobrevivir al impacto. El joven de Iruñea no fue auxiliado por la Policía: quedó tendido, inconsciente, sobre el bote de humo, lo que le abrasó el rostro. Los amigos del malogrado aficionado del Athletic también han denunciado que la Ertzaintza no les dejó ayudarle porque las cargas continuaban.

En Catalunya son varios los jóvenes que buscan a sus agresores policiales tras haber sufrido graves lesiones estos últimos años. Uno de ellos es Nicola Tanno, herido por los Mossos d'Esquadra en 2010, la noche en que la selección española ganó el Mundial de fútbol. Ha perdido un ojo. En un testimonio recogido por la organización Stop Bales de Goma se pregunta si acaso estos agentes «son intocables» y alerta el riesgo que supone que sigan en la calle como si nada. En Catalunya, como en Euskal Herria, en el mejor de los casos estas agresiones se han saldado con multas al departamento (por ejemplo, una joven recibió 60.000 euros tras ser golpeada en otra celebración futbolística en 2006). En otras palabras, hay delito, pero nunca delincuente.

Una excepción es la de la manifestación celebrada en Bilbo en febrero de 1997 contra las detenciones de la Mesa Nacional de HB. Siete ertzainas dispararon fuego real en la calle Autonomía y hubo dos heridos de bala: Santos Iragi y Pedro Hernando. De los siete solo uno fue identificado, pero se le exculpó al afirmar el tribunal que actuó en defensa propia. Quienes acabaron en la cárcel fueron cinco manifestantes acusados de «atentado» en una sentencia que años después revocaría el Tribunal Constitucional.