Las rentas no declaradas no prescribirán y se imputarán al último periodo impositivo no prescrito, al tiempo que se reforzarán las acciones cautelares de la Agencia Tributaria, incluidos embargos, para evitar que los evasores se declaren insolventes o alcen sus bienes.

Así figura en el anteproyecto de ley de medidas de lucha contra el fraude fiscal, aprobado ayer por el Consejo de Ministros español, y tras el que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó que se trata de ganar equidad tributaria e incrementar la recaudación, aunque evitó concretar los ingresos.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, justificó la ampliación de las medidas cautelares y aseguró que en los tribunales españoles hay expedientes fiscales abiertos pendientes de cobro por valor de 6.000 millones de euros.

Además, el anteproyecto prevé que se limiten los pagos en efectivo a cantidades inferiores a 2.500 euros y que sean sujetos infractores tanto el pagador como el receptor, con una sanción del 25% del valor del pago.

Además, se eximirá de sanción a la persona que voluntariamente comunique el pago en efectivo a la administración en los tres meses de haberse producido el pago.

El plan crea una nueva obligación de informar sobre cuentas y valores en el extranjero con un modelo de declaración que se habilitará a tal efecto y cuyo incumplimiento conllevará una sanción específica.

Más reformas

Por otra parte, Sáenz de Santamaría, dijo que su Ejecutivo continuará realizando reformas para que el Estado español «recupere la credibilidad perdida», entre ellas la ley de Estabilidad Presupuestaria.

Añadió que el objetivo de dicha ley es transmitir «un mensaje de firmeza» y de que las cuentas públicas de todas las administraciones están en equilibrio.