Lo que subyace tras el aparente afán de Argentina por nacionalizar la petrolera YPF, cuyo capital controla Repsol, es un conflicto sin solución sencilla y de orden global; a saber: el agotamiento de la oferta petrolera, al menos en las condiciones de costos actuales. El fin de la era del petróleo fácil. Argentina privatizó en la década de los 90 del siglo pasado su petróleo, olvidó que se trataba de un recurso estratégico y desreguló todo lo que sirviera para conciliar el interés privado con sus objetivos nacionales. Ante esa permisividad, las petroleras explotaron cuanto pudieron, convirtieron el crudo en divisas y las remitieron al exterior. Argentina tiene hoy problemas de abastecimiento y una enorme carga por las importaciones de hidrocarburos y derivados que su economía no puede soportar. Revertirlo, por tanto, es de urgencia nacional para Argentina, un ejercicio habitual de los países petroleros soberanos. Argentina tiene el derecho de imponer desde YPF una nueva política petrolera nacional.

Pero más allá de la fórmula, sea esta una expropiación o una OPA hostil, la clave reside en hacer del petróleo un recurso estratégico al servicio del interés público argentino y no un producto cuyo destino final lo decide quien lo extrae.