El anuncio del cese definitivo de la actividad armada por parte de ETA, el pasado mes de octubre, fue la señal inequívoca de que se estaban abriendo nuevas expectativas para Euskal Herria y sus habitantes. La sociedad vasca es optimista y ve, cada vez con más claridad, que el conflicto político se aproxima a la época del entendimiento, del diálogo, de la normalización política y de la paz.

La inmensa mayoría de Euskal Herria se asoma a este nuevo futuro con la mirada repleta de esperanza y de ilusión, sabedora de que lo acontecido en los últimos doce meses ha sido un punto de inflexión que no tiene vuelta atrás. Este ambiente se respira en las calles, se respira incluso en los momentos de reivindicación social y política, como el vivido en el Aberri Eguna, en el que el clima de distensión era palpable en las calles de Iruñea.

Pero, al parecer, no todo el mundo está siendo capaz de asimilar y de adaptarse a este nuevo tiempo. Parece mentira, pero están siendo aquellos que más alto clamaban, y quienes podría parecer que más interés tenían en que la violencia desapareciese de las calles, quienes están continuamente poniendo palos en las ruedas, tratando de que la caravana de la normalización descarrile. Parece que están deseando la vuelta a tiempos pasados.

El final de la violencia de ETA, la desaparición de la kale borroka, el clima de distensión en las reivindicaciones al que hacía referencia, parece haberles sentado muy mal a los cuerpos represivos del Estado, especialmente a la Policía autonómica vasca, lo cual para algunas personas es lo más sorprendente y para otras, en cambio, no sorprende en absoluto.

Parece mentira, pero da la impresión de que ni los agentes de la Policía autonómica, ni sus mandos, ni la clase política que les dirige tienen en absoluto idea de lo que significa el nombre oficial del cuerpo de policía: Ertzaintza, Herri zaintza. Son quienes deben velar por el bienestar de los habitantes de nuestro país, son quienes deben garantizar que las personas que habitan en nuestros pueblos y ciudades se sientan seguras de salir a la calle porque saben que no van a ser víctimas de agresiones y de ataques injustificados.

La Ertzaintza debería ser la principal imagen de este nuevo tiempo. Un cuerpo que de policial pasase a ser el icono de la colaboración de las instituciones con la ciudadanía. Deberíamos sentirnos seguros y seguras cada vez que pasáramos delante de cualquier agente, deberíamos sentirnos agradecidos y agradecidas de tenerles ahí, sabiendo que están para ayudarnos en lo que necesitemos.

En cambio, la Policía autonómica vasca ha aumentado en pocos meses su nivel de brutalidad de forma exponencial. Las actuaciones del 3 marzo en Gasteiz, las cargas policiales durante el día de huelga general del pasado 29 marzo, la agresión al joven Xuban Nafarrate, que le provocó traumatismo craneoencefálico, y la represión de la que fueron objeto las concentraciones para denunciar este hecho, son episodios de una cadena de actos violentos desmedi- dos protagonizados por la Ertzaintza, que han ido in crescendo y que como no podía ser de otra manera, han desembocado en la muerte de Iñigo Cabacas, tras recibir un pelotazo de las fuerzas antidisturbios.

Da la impresión de que están rabiosos, esperando la mínima oportunidad para actuar con la mayor fuerza posible, de un modo desmedido y desbocado, como si su razón de ser fuese la represión y les molestase la nueva situación social y política...

No están sabiendo adaptarse a los vientos de cambio, pero los dirigentes políticos, bajo los cuales está la responsabilidad de las fuerzas de seguridad, tampoco han querido darles las pertinentes pautas e instrucciones para su reconversión.

El Sr. Rodolfo Ares, desde su responsabilidad como consejero de Interior del Gobierno Vasco, no ha sabido gestionar la nueva situación en la que se encuentra la Policía autónoma vasca y es por esto que se le puede considerar el responsable político directo de la muerte de Iñigo y del resto de actuaciones desmedidas de la Ertzaintza. Por esto mismo el señor Ares debe presentar su inmediata dimisión, pero no diciendo aquello de «yo asumo toda la responsabilidad», porque no es cierto.

El Gobierno Vasco en su conjunto es responsable de esta situación, la Policía autónoma vasca como institución es respon- sable de lo sucedido, aquellos que han estado dando las órdenes durante estos meses son también responsables y por supuesto, son responsables quienes las cumplieron y actuaron de forma tan brutal.

Todas esas personas deben asumir su responsabilidad, someterse a la justicia y abandonar sus puestos, ya que no están cumpliendo con las obligaciones de sus cargos. Hoy debemos decir, con más convencimiento si cabe, que no son los defensores del pueblo, son sus agresores.