La diputada de la UMP Michèle Alliot-Marie ha mostrado su desacuerdo con el método utilizado para la aprobación definitiva del trazado del TAV en Lapurdi.

Según la exministra, que compareció ayer en Donibane Lohizune, no se ha respetado el procedimiento a seguir, ya que el documento que da fe de dicha decisión fue avalado por el director general de Infraestructuras y Transporte sin la preceptiva autorización del ministro de Transportes, «que fue informado tres días después de que se hiciera público el trazado y contraponiéndose a una decisión del primer ministro que en marzo consideraba que no se habían reunido todos los elementos preparatorios para decidir sobre la prolongación desde Baiona a Hendaia».

La empresa pública RFF que gestiona la red ferroviaria encargada estima que un director general está habilitado para firmar un documento oficial y, además, está convencida de que refleja fielmente la posición del ministro Thierry Mariani. No obstante, la edil lohizundarra que ha subrayado «el escaso respeto de RFF y de algunos altos funcionarios al funcionamiento de las instituciones republicanas», no descarta acudir al Tribunal Administrativo.

Alliot-Marie, que considera suficiente la actual vía, ha denunciado que un miembro del gabinete del primer ministro encargado del TAV haya sido contratado por RFF en un puesto de responsabilidad lo que, a su juicio, «plantea un doble problema deontólogico y jurídico».

El contraataque se produce después de los comentarios de algunos electos vascos que le reprochan estar negociando secretamente para que el trazado no «afecte demasiado» a la sexta circunscripción donde se presenta como candidata a su reelección como diputada.