El embajador argentino, Carlos Bettini, evitó hacer declaraciones a su llegada a la sede del Ministerio de Exteriores tras ser convocado por el Gobierno de Mariano Rajoy a cuenta de una posible nacionalización de YPF.

La polémica se desató el jueves por la noche después de que medios argentinos difundieran la existencia de un supuesto proyecto de ley del Gobierno de Cristina Fernández que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 50.01% de las acciones clase D de la compañía, en manos del grupo argentino Petersen, que posee el 25,46%, y de Repsol, que tiene el 57,43%. Dicho documento, que estaría listo para ser enviado al Congreso, carece de sello y membrete oficial, según destacó «Página 12», en su edición de ayer.

Acusado de no haber invertido suficientemente, el grupo Repsol YPF ha asistido en las últimas semanas a la privación de 16 concesiones petroleras por parte de una media docena de provincias. El Gobierno argentino está presionando a las compañías petroleras para que aumenten su producción nacional, ya que la factura petrolera del país subió el año pasado un 119%, alcanzando los 9.400 millones de dólares.

La reunión que el jueves mantuvo en la Casa de Gobierno la presidenta argentina con los gobernadores de las provincias petroleras para analizar «en profundidad la reversión de las áreas petroleras» ante la falta de inversiones y para buscar una solución que garantice el abastecimiento interno, contribuyó a generar más tensión, pese que no trascendió nada sobre el contenido de la reunión.

La reacción del Estado español no se hizo esperar. En un video de 31 segundos, el ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, advirtió que «si en alguna parte del mundo hay gestos de hostilidad contra los intereses de empresas españolas, el Gobierno los interpreta como hostilidad a España y su Gobierno. Si hay esos gestos de hostilidad, traen consigo consecuencias».

Ayer, el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, reiteró que «cualquier agresión que viole» el principio jurídico de Repsol será considerará una agresión y que el Ejecutivo se reserva las reacciones que estime oportunas.

La Comisión Europea instó a Argentina que «garantice el respeto de sus compromisos internacionales sobre la protección de las inversiones extranjeras».