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Arranca en Donostia el juicio por el caso de la Hacienda de Irun

La Diputación y las Juntas Generales de Gipuzkoa no han aceptado el acuerdo alcanzado por José María Bravo, acusado de fraude en la Hacienda de Irun, con la fiscalía para poder evitar la celebración del juicio y han decidido ejercer la acusación particular.

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GARA | DONOSTIA

Hoy comienza en la Audiencia de Gipuzkoa el juicio contra el exdirector de la agencia tributaria de Irun, José María Bravo, acusado de fraude en la Hacienda de esta localidad guipuzcoana. A pesar de los movimientos realizados por la defensa de Bravo para alcanzar una acuerdo con la Fiscalía y evitar la celebración del juicio público, la Diputación y las Juntas Generales de Gipuzkoa no han aceptado dicho acuerdo, con lo que Bravo no va poder evitar sentarse en el banquillo de los acusados.

Según el pacto alcanzado por la defensa de Bravo con la fiscalía el exdirector de la Hacienda de Irun se declararía culpable de los delitos de malversación de caudales públicos, estafa, blanqueo de capitales y prevaricación. Asimismo, Bravo aceptaría una pena de entre ocho y nueve años de prisión, diez años de inhabilitación y la devolución de los 1,9 millones que el fiscal Javier Larraya acusa de apropiarse.

Tras el acuerdo, los delitos a los que se enfrentaba la esposa de Bravo, Rosa Cobos, se quedarían finalmente en un delito de receptación por el que le correspondería un año y medio de prisión, con lo que Cobos no tendría que ingresar en la cárcel ya que el tiempo mínimo de condena para ingresar es de dos años.

Ante este acuerdo, la Diputación y las Juntas Generales afirman en un comunicado que «la Diputación y todos los grupos junteros de Gipuzkoa que declaran en el caso de la Hacienda de Irun han decidido seguir adelante con la acusación». Así, reiteran su «compromiso decidido» de ejercer la acusación particular en este caso «en defensa de los intereses de todos los guipuzcoanos».

Hasta finales de mayo

Desde hoy hasta el próximo 23 de mayo tendrá lugar el juicio en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa y en él comparecerán como acusados, además de José María Bravo, su esposa, Rosa Cobos, y el socio de Bravo, Pedro María Atristaín.

La Diputación y las Juntas Generales piden 30 años y medio de prisión para Bravo, ocho años y cinco meses para Cobos y dos años para Atristaín. El Ministerio público por su parte, demanda penas que suman 24 y tres meses de cárcel para Bravo por diferentes delitos de malversación, estafa, usurpación, receptación e insolvencia punible. Asimismo, pide diez años y un mes para Cobos por malversación, receptación e insolvencia punible y un año y medio para Atristaín por receptación.

Está previsto que el tribunal, encabezado por el presidente de la Audiencia de Gipuzkoa, Iñaki Subijana, dedique los tres primeros días de la vista a escuchar a los imputados. El interrogatorio de los más de 80 testigos citados por las partes, así como un quincena de testigos-peritos y cinco peritos ocupará el resto de las jornadas del juicio.

compromiso

La Diputación y las Juntas Generales de Gipuzkoa han decidido seguir adelante con la acusación y reiteran su «compromiso decidido» de defender «los intereses de todos los guipuzcoanos».