A raíz del nacimiento de la Ertzaintza como cuerpo policial encargado del orden en la CAV, han sido innumerables las actuaciones desproporcionadas e injustificadas llevadas a cabo. A lo largo de estos años los atropellos y barbaridades cometidas contra todo tipo de activismo en exigencia de derechos y libertades o de denuncia de la vulneración de los mismos, se vienen produciendo de manera más o menos sistemática y con desiguales consecuencias. Las últimas hay que situarlas en Gasteiz con la actuación que hirió gravemente a Xuban Nafarrate, que acabó ingresado en la UCI, y en Bilbao, con el pelotazo recibido por Iñigo Cabacas que le ha ocasionado la muerte.

Generalmente todas estas actuaciones han sido avaladas con atestados y versiones que basadas en la mentira y manipulación de los hechos justificaban su manera de proceder. No conformes con eso, numerosas personas han salido imputadas por diferentes delitos al objeto de dar cobertura y reafirmar su actuación en base al mantenimiento del orden y la seguridad en un afán de persecución del delito.

Muy pocas veces, o nunca, el gobierno o los responsables policiales han reconocido errores o han asumido responsabilidades en acciones indebidas, muy al contrario, estas acciones han contado con su beneplácito y felicitación. Lejos del reproche, o en su caso, la investigación y esclarecimiento que merecen, ni instituciones, ni grupos políticos han promovido denuncias ante los tribunales de justicia, y cuando así se ha procedido por algún sector, se les ha acusado de querer desprestigiar el trabajo de la Ertzaintza. En este sentido, la impunidad ha sido una constante.

Siendo conscientes de los cientos de casos que se podrían citar, queremos referirnos a uno en concreto que puede ser ilustrativo de esa impunidad y nula voluntad de asumir responsabilidades ante evidencias claras.

El 3 de marzo de 2006 la Ertzanintza cargó de manera brutal contra la manifestación conmemorativa de los asesinatos de cinco trabajadores ocurridos en esa fecha en 1976. La excusa fue la ikurriña con crespón negro y las fotos de dos personas fallecidas en prisión en extrañas circunstancias y para las que se exigía su esclarecimiento. Una decena larga de personas resultaron heridas de diversa consideración, algunos también por pelotas de goma, y los portadores de la ikurriña fueron detenidos, así como otra persona que lo sería con posterioridad en otro lugar. Los tres acabaron imputados de diversos delitos.

De la mano del juez Juan del Olmo, la Audiencia Nacional, en la cual tuvieron que comparecer los dos primeros detenidos, acusados de enaltecimiento del terrorismo, sobreseyó el caso al considerar que no se había cometido ningún delito y que únicamente se estaba desarrollando un acto amparado por la libertad de expresión.

Sorprendentemente, y en vez de asumir su error, los responsables de la Policía autonómica a cuyo mando estaba el consejero de Interior Javier Balza, continuaron con las acusaciones de atentado a la autoridad, desórdenes públicos, resistencia, lesiones, y demás delitos basados en un atestado elaborado por la Ertzaintza totalmente mentiroso.

Tres años y medio después, afortunadamente y gracias a la posesión de un video sobre los hechos, se pudo demostrar la falsedad del atestado y el juzgado de lo penal de Gasteiz dictaminó la inocencia de dos de los imputados y su absolución. El tercero, al no disponer de una prueba tan determinante como era el video y pese a la contradicción manifiesta de los agentes policiales en sus declaraciones, fue condenado a una multa y a 14 meses de prisión, que no llegó a cumplir por carecer de antecedentes.

Ni Javier Balza, responsable en el momento de los hechos, ni Rodolfo Ares, al mando en el momento del fallo judicial, fueron capaces de expresar ningún tipo de disculpa y tampoco nos consta que se hayan depurado responsabilidades internas. A su vez, el juzgado de Gasteiz fue incapaz de abrir diligencias ante la evidencia de la mentira manifestada durante la vista por los agentes de la Ertzaintza y la falsedad del atestado, cuestión esta que nos disuadió de presentar denuncia ante la poca o nula posibilidad de que saldría adelante. Tampoco el Departamento de Interior se prestó a colaborar con el Ararteko, a pesar del requerimiento de este, ante la denuncia interpuesta por los afectados y la propia Asociación 3 de Marzo.

Si ante una situación tan clara, con un fallo de la Audiencia Nacional que considera que no había delito y por lo tanto nunca se debió intervenir, y con una sentencia del juzgado de Gasteiz que determina la inocencia de los imputados y la falsedad de los testimonios policiales, no se admiten los errores cometidos y se actúa en consecuencia depurando responsabilidades de todo tipo, ¿cuándo se van a producir estas?

Si la propia consejera de Justicia, refiriéndose a los aspectos que recogerán los decretos para afectados de abusos policiales dice que su afán no es establecer el autor de la muerte ni buscar culpables, sino solamente reparar el hecho ¿qué podemos esperar del compromiso expresado por Ares estos últimos días?

La ciudadanía de Euskal Herria no cree en sus promesas. La mentira, la injusticia y la impunidad es una constante que se da en las actuaciones de las fuerzas que se dicen de seguridad y del orden. Lo vivimos en 1976, se volvió a ver en 2006 y lamentablemente se está repitiendo en 2012 amparando versiones que no se sostienen.

Si de verdad se tienen por demócratas y quieren que sus palabras sean creíbles, actúen con transparencia, asuman sus errores y depuren responsabilidades al nivel que corresponda. Impartir justicia y acabar con la mentira y la impunidad es la mejor forma de reconocer a las personas que han sufrido y padecido esa situación.