Paradójicamente, ha sido el ministro español de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, quien ha dejado en evidencia a su propio Gobierno y a aquellos, como el lehendakari Patxi López, que sostienen que no es posible aplicar medidas penitenciarias colectivas a los presos políticos vascos. El Gobierno español se aferra a una interesada interpretación de la legalidad según la cual una de las claves de resolución del conflicto, cual es el tratamiento penitenciario a los presos políticos vascos, no admite salidas colectivas, y se empeña en querer demostrarlo negándose incluso a la desactivación de medidas excepcionales adoptadas expresamente para presionar a ese colectivo. Quizá el ministro de Justicia no lo tenía suficientemente claro y se ha visto en la necesidad de despejar cualquier duda al respecto, aclarando que ese eufemismo que denomina «prisión permanente revisable» se aplicará exclusivamente a los delitos de «terrorismo». Y, ciertamente, ha dejado meridianamente claro -cuando hace medio año que la organización ETA anunció el fin de su actividad armada- que el problema no de los españoles, sino de sus gobiernos, es la determinación de la sociedad vasca de elegir su futuro en libertad.