El grupo municipal de Bildu compareció ayer para denunciar la decisión adoptada por el último Consejo de Administración de Leioa Kirolak, gracias a la abstención de PSE y PP, de abonar facturas por valor de 1,6 millones de euros a las empresas adjudicatarias del proyecto del polideportivo de Pinosolo. Se trata de los abonos correspondientes a las certificaciones por la redacción del proyecto y por movimiento de tierras.

Los beneficiarios de los pagos son las empresas Aros Estudio de Arquitectura SA, Excavaciones Viuda de Sainz SA y Pujol Arquitectura SLP, que integran una UTE y a quienes el Servicio Vasco de Defensa de la Competencia (SVDC) considera que obtuvieron el contrato de forma irregular. Los ediles soberanistas Elixabete Moral y Arkaitz Fullaondo estiman que este pago «obedece a una decisión política» del equipo de gobierno PNV-EB, con la complicidad del PSE y PP por su abstención.

Fullaondo incidió en que el informe jurídico que justifica la operación «no es más que un informe con las conclusiones redactadas de antemano». Añadió que el autor del documento es el abogado de confianza del alcalde, el jeltzale Eneko Arruebarrena, «el mismo que emitió un informe de parte en el que omitía la existencia del expediente del SVDC».

Fullaondo acusó al PSE de «jugar el rol de socio del equipo de gobierno, permitiendo el pago multimillonario a empresas bajo sospecha», por lo que Bildu se convierte en la única oposición real en el Ayuntamiento. El acuerdo del consejo de Leioa Kirolak, según la coalición soberanista, incumple lo acordado en una reunión anterior, en la que se instó al alcalde y presidente de la entidad paramunicipal a incluir en el siguiente orden del día la petición de suspensión cautelar ante el SVDC del contrato con la UTE.

«Bildu tiene claro que la única salida válida de este despropósito es pedir la nulidad del contrato. De esta manera -precisó Fullaondo- nos ahorraríamos cerca de cuatro millones de euros a que nos obligaría la resolución del contrato o la hipoteca municipal de los millones de euros que supone el proyecto actual». El concejal recordó que la construcción del polideportivo de Pinosolo supondrá una inversión «por encima de los 45 millones», aunque ahora Arruabarrena ha apuntado a la posibilidad de «redimensionarlo».

«El alcalde está empecinado en que el proyecto siga adelante con unas empresas defraudadoras», añadió. «Se necesita un polideportivo, pero no como este», apostilló Moral.

Además, denunciaron que el equipo de gobierno «sigue haciendo oídos sordos» a su petición de que se investiguen las múltiples contrataciones y adjudicaciones de las que en los últimos años han sido beneficiarias esas tres firmas. En este sentido, resaltaron que la delegada de Urbanismo, la jeltzale Mari Carmen Urbieta, continúa sin responder a su petición de información al respecto.

Tampoco pasaron por alto que el alcalde haya ocultado la resolución por decreto de un contrato con la asesoría técnica Arcain en el proyecto de las piscinas de Torresolo. Los técnicos municipales discrepaban de los informes presentados por esta empresa externa, «de absoluta confianza» del primer edil.