Gallardón prevé una cadena perpetua sin aplicación clara tras el cese de ETA
El ministro español de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, anunció ayer que su proyecto de cadena perpetua revisable se limitará a los casos relacionados con organizaciones armadas. Una nueva vuelta de tuerca en la legislación de excepción que, sin embargo, no podrá ser utilizada contra las personas que ya están encarceladas con dudoso margen de aplicación después de que ETA decretase su cese definitivo.
Alberto PRADILLA | MADRID
El ministro de Justicia español, Alberto Ruiz-Gallardón, acotó ayer los supuestos de su proyecto de aplicación de la cadena perpetua, que desde el Gobierno del PP se denomina «prisión permanente revisable». Y lo hizo limitándolos exclusivamente a lo que calificó como «casos de terrorismo». Una vuelta de tuerca a las leyes excepcionales del Estado español que, sin embargo, tiene una dudosa aplicación después de que ETA decretase su cese definitivo. No obstante, la normativa carcelaria impide que las condenas se impongan de modo retroactivo, por lo que esta medida solo comenzaría a aplicarse desde el momento en el que sea aprobada por el Congreso. Una fecha todavía no fijada ya que la iniciativa solo está en fase de estudio.
Para justificar su propuesta, Gallardón esgrimió la legislación en vigor en otros estados como el francés. Sin embargo, terminó reconociendo que en los lugares en los que se aplica su límite se encuentra en los «20 ó 25 años», muy lejos de los 40 de cumplimiento íntegro que incluye el actual Código Penal del Estado español tras la última modificación contra ETA hecha en 2008.
«Acreditar la reinserción»
«La prisión permanente revisable se aplicará exclusivamente a los delitos de terrorismo», anunció el ministro en un desayuno informativo. Dijo buscar que «la libertad se recupere, no por el transcurso de un número de años, sino cuando se acredite que la reinserción es asumida como propia». A su juicio, este endurecimiento del Código Penal no choca con el principio constitucional español de la reinserción. «Es lo contrario a la cadena perpetua», sostuvo.
El argumento esgrimido por Gallardón para limitar la legislación de excepción a los casos de organizaciones armadas es que estos supuestos son los únicos en los que «se puede acreditar fehacientemente la intención de rehabilitación». Como garantía, el titular de Justicia impuso los condicionantes que viene repitiendo en los últimos meses el Ejecutivo del PP, entre los que se encuentran la «declaración y compromiso de abandono» y la «reparación del daño causado».
«No es cuánto, sino a partir de cuándo», señaló Gallardón en referencia a los años que un preso podría permanecer encarcelado. En su opinión, la medida debería ser aplicable «a partir del cumplimiento de la pena impuesta» y citó como ejemplos otros estados europeos que sitúan esta barrera en los «20 ó 25 años».
Por el momento, Justicia se encuentra estudiando cuál sería la fecha máxima a la hora de evaluar la continuidad o no en la cárcel y, en caso de que la resolución fuese negativa, cuánto tendría que esperar el preso para requerir su libertad.
Gallardón garantizó la pervivencia de la Audiencia Nacional pese al nuevo ciclo abierto en Euskal Herria y abogó por dotar al tribunal de excepción de más competencias no relacionadas con el conflicto vasco.
La resistencia pasiva no será perseguida, según el ministro de Justicia, que agitó el fantasma de las «organizaciones perfectamente estructuradas» como responsables de los incidentes en protestas contra los recortes.
Jesús Loza, el comisionado para la Convivencia y la Memoria designado por el lehendakari, Patxi López, celebró ayer en Madrid una reunión con asociaciones de víctimas a la que no acudió la AVT, que optó por boicotearla «para no legitimar» su figura. El encuentro tuvo lugar en la sede del Gobierno de Lakua en la capital del Estado español y, según diversas agencias españolas, contó con la presencia de la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua; el presidente de la asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero; la vicepresidenta de Voces contra el Terrorismo, Carmen Álvarez; y la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo Miguel Ángel Blanco, María del Mar Blanco, entre otros. Aunque estaba previsto que Loza presentase en Madrid su propuesta sobre los prisioneros enfermos, no se ha hecho pública ninguna iniciativa al respecto, pese a ser anunciada hace ya varias semanas.
Según la versión transmitida por Daniel Portero a la agencia Efe, las agrupaciones de víctimas habrían mantenido el perfil inmovilista que les ha caracterizado. «El lehendakari debe cambiar su actitud, pedir más a ETA su disolución y hablar menos del acercamiento de presos», fue el mensaje transmitido por el presidente de Dignidad y Justicia, que exigió un mayor compromiso para que la demanda de la repatriación de los prisioneros no figure en la agenda de Lakua. En la misma línea, otra de las materias abordadas en la reunión, de la que no se realizó comunicación oficial, fue el primer decreto sobre víctimas de los abusos policiales, sobre el que dijeron haber logrado la garantía de que no incluirá a ningún miembro de ETA. GARA
