El pleno de la Sala Civil y Penal del TSJPV decidió ayer por mayoría, y con el anuncio de un voto particular por parte de uno de los magistrados, la aceptación del exequatur -reconocimiento en un país de las sentencias dictadas por tribunales de otro Estado- que había solicitado Orange al laudo arbitral que establecía la ejecución de la condena a Euskaltel.

Ese laudo arbitral, que había dictaminado que Euskaltel «violó las estipulaciones» en los contratos, adquirió carácter «firme» por efecto de una sentencia del pasado mes de febrero del Tribunal Federal Suizo, y ahora el alto tribunal vasco ha verificado que esa resolución se ajusta a las leyes españolas.

Además, el TSJPV ha dictaminado que la empresa vasca deberá asumir también las costas procesales.

El origen del litigio entre las dos empresas comenzó en 2006 cuando Euskaltel y Amena -hoy Orange- rompieron un acuerdo que habían rubricado en 1999 para dar servicio de telefonía en la CAV. Euskaltel decidió entonces convertirse en operador móvil virtual, lo que provocó una lucha comercial por unos 450.000 clientes.

La Corte Internacional de Arbitraje aceptó el 6 de julio de 2010 los argumentos de Orange y determinó que la empresa vasca debía pagar una indemnización de 222 millones -equivalente a los beneficios de siete años-, aunque la francesa había exigido casi 300 millones por la pérdida de clientes.

El alto tribunal vasco aceptó ayer que Euskaltel debe compensar a las compañías mercantiles demandantes la cantidad concretada en compensación por los costos y gastos operativos de comercialización y de captación de nuevos clientes por el plazo comprendido entre principios de octubre de 2006 y finales de marzo de 2007.

Tras conocer la resolución, Euskaltel emitió un comunicado en el que indica que la sanción es «fruto de una injusticia histórica» y lamentó que el TSJPV se haya «limitado a asumir» un laudo que, a su juicio, es «una aberración jurídica» a favor de la multinacional francesa France Telecom, propietaria de Orange.

Tras señalar que «no existe el supuesto `robo' de clientes», ya que «230.000 usuarios decidieron libre y voluntariamente pasarse a Euskaltel», la compañía vasca afirma que cuenta con el apoyo de sus socios para hacer frente al pago de los 222 millones y señala que, pese al grave perjuicio que le supone, continuará normalmente con su actividad y planes estratégicos de inversión y crecimiento.