La conmoción por el suicidio de una adolescente obligada a casarse, por ley, con el hombre que la había violado, reforzó la presión para reformar esa disposición jurídica en Marruecos, pero el peso de la tradición y las inercias del sistema judicial pueden demorar el cambio.

El suicidio el pasado 10 de marzo de Amina Al Filali, una joven campesina de 16 años, que se quitó la vida con matarratas, conmocionó a la opinión pública marroquí e internacional. Las asociaciones feministas se movilizaron y la cuestión fue evocada por el Gobierno, que deploró enérgicamente este acto de desesperación.

Pero el artículo de la ley que autoriza este tipo de matrimonio sigue en vigor. Desde 2010, son varios los partidos políticos que se dicen favorables a su anulación y no pasa un día sin que los testimonios llenen las páginas de los diarios.

La ministra de la Mujer, la Familia y el Desarrollo Social, Bassima Hakkaoui, mencionó el martes en el Parlamento que se estaba llevando a cabo consultas para agravar las penas en los casos de violaciones. «El lugar de un violador es la cárcel porque atenta contra la integridad del cuerpo de la mujer», dijo.

Hakkaoui, la única mujer ministra del nuevo gobierno islamista, recibió fuertes críticas por parte de grupos feministas después de que relativizara la gravedad del matrimonio de la adolescente con su violador. «No hay que olvidar la naturaleza de nuestra sociedad. Dicho de otra forma, hay que tomar en cuenta a las familias y al entorno inmediato de la violada, sea menor o mayor», declaró.

En Marruecos, la violación se castiga con varios años de cárcel a menos que la víctima y su agresor se casen, lo que lo protege de la justicia.

Tras el suicidio de Amina el 10 de marzo, el portavoz del gobierno y ministro de Comunicación, Mustapha El Khalfi, dijo que no se puede «ignorar este drama. Hay que estudiar la situación de forma profundizada con la posibilidad de agravar las penas en el marco de una reforma del artículo».

Desde entonces, la ONG internacional Avaaz ha lanzado una petición firmada hasta ahora por 800.000 internautas. Espera obtener el millón de firmar para hacer avanzar al Gobierno. La petición pide «la abrogación del artículo 475 y la adopción de una legislación global de lucha contra la violencia contra la mujeres» en Marruecos, de acuerdo con el texto de la nueva Constitución adoptada en julio.

«Para cambiar la ley en cuestiones tan delicadas en una sociedad muy tradicional haría falta al menos una señal implícita del rey», indicó a AFP bajo cubierto de anonimato un médico ginecólogo de Rabat.