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Treinta familias de Santurtzi reclaman al Consistorio «la vivienda que nos robaron»
El calvario para 30 familias de Santurtzi afectadas por la operación inmobiliaria AGR207 en el barrio de Mamariga persiste cinco años después de que fueran derribadas sus viviendas con la promesa de que serían reemplazadas por unas nuevas. A pesar del tiempo transcurrido, siguen reclamando al Ayuntamiento una solución.
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Agustín GOIKOETXEA
No se dan por vencidos y, a pesar del tiempo transcurrido y la falta de respuesta institucional, los afectados continúan movilizándose periódicamente ante el ayuntamiento santurtziarra exigiendo a las autoridades que asuman su responsabilidades en una operación en la que está implicada una empresa del grupo Afer, Promociones Mamariga, que decidió paralizarla aduciendo que no disponía de financiación.
Desde hace cinco años esperan el piso que les prometieron, pero por el momento solo han recibido promesas incumplidas, con el agravante de que hace trece meses debieron asumir el coste de su realojo tras la suspensión de pagos del grupo liderado por el controvertido Jabyer Fernández.
En 2007, las viviendas de los afectados fueron derribadas y desde entonces un solar permanece vacío en el popular barrio de Mamariga. La problemática se remonta mucho más atrás, a 1995, cuando el Ayuntamiento de Santurtzi dejó las antiguas edificaciones fuera de ordenación. Quedaba así fijada la posición municipal de demoler los inmuebles y construir unos nuevos.
Entre 2005 y 2006, las familias negociaron y firmaron con Promociones Bizkaia, empresa dirigida por Carmelo Merino, un contrato de permuta en el que, en general, a cambio de sus viviendas iban a recibir unas nuevas, además de 480 euros mensuales con los que afrontar un alquiler mientras se construyera la nueva urbanización. En un principio todo se desarrolló según lo previsto y, en mayo de 2007, se procedió a la demolición de la humilde barriada.
Pero en la primavera de ese año, la empresa de Merino informó a los vecinos de que había roto la colaboración que mantenía en el proyecto con Promociones Mamariga. Al parecer, según lo manifestado por el socio de Fernández, iba a ser esta firma la encargada de ejecutarlo, asumiendo lo acordado con las treinta familias santurtziarras. El acuerdo fue rubricado ante notario por las partes.
A partir de ahí, la desinformación y el desasosiego han ido haciendo mella en los afectados, que ven cómo en el solar de Mamariga no se edifica nada y el lugar se convierte en depósito de materiales y maquinaria de otras obras del grupo promotor.
Fernández, máximo responsable
Los vecinos señalan a Jabyer Fernández como el máximo responsable de su situación, pues ha sido quien ha incumplido el contrato, además de dejarles sin vivienda y sin ayuda económica para afrontar un alquiler. Asimismo, se niega a dejar sin efecto el convenio y que, en su lugar, otro promotor asuma la operación resolviendo el problema. «El desdén que muestran sus actuaciones para con nuestras familias le retratan -en referencia a Fernández, del que no olvidan su origen santurtziarra- como una persona sin escrúpulos ni corazón», denuncian.
El panorama para las familias es desolador, y lo ha sido aún más, precisan, por la falta de implicación municipal. Inciden en la responsabilidad de la Corporación presidida por Javier Cruz (PSE), «que hizo dejación de sus responsabilidades con los vecinos afectados», pero también critican la «inacción» del actual alcalde, el jeltzale Ricardo Ituarte, que afronta su segundo mandato. «Dice que nos apoya, pero obvia la clara responsabilidad del Ayuntamiento para con nuestras familias, hablando de `acuerdo entre privados', como si nosotros hubiésemos llegado al acuerdo con las promotoras por nuestro propio deseo y no porque nos habían dejado fuera de ordenación», han declarado una y otra vez.
Al margen de los promotores y de los responsables municipales, los afectados fijan su atención en Caja Laboral, a la que achacan un grado de responsabilidad importante por ser «dueña de la hipoteca del terreno de AGR207». «Caja Laboral -aclaran- puede ejecutar la hipoteca que tiene sobre los terrenos de Promociones Mamariga en AGR207 y acelerar la solución del estancamiento que sufrimos; sin embargo, hace caso omiso a nuestra situación». A estos tres agentes -Promociones Mamariga, Ayuntamiento de Santurtzi y Caja Laboral- les siguen exigiendo pasos constructivos.
La solución al grave problema que afecta a estas 30 familias, un centenar de personas, no es fácil, aún más en época de crisis y de recortes por parte de las administraciones públicas. A pesar de ser un «acuerdo entre privados», insisten en que el Consistorio santurtziarra tiene un grado importante de responsabilidad, ya que dio el plácet a esta operación urbanística.
Una de las soluciones que barajan, aunque consideran que habría que analizar su legalidad, es que el Ayuntamiento impulse un proceso de expropiación por interés público, ya que el promotor no quiere ceder sus derechos. Una vez dado este paso, sería necesario un acuerdo más amplio con otras instituciones -Ejecutivo de Lakua y Diputación- para financiar la construcción de viviendas de VPO. Una parte de los pisos, explican, sería para realojar a los afectados y con los otros se costearía la operación, además de acabar con el solar vacío de Mamariga. A.G.