NUEVO TIEMPO EN EUSKAL HERRIA
Madrid asume el fracaso de la «vía Nanclares» y abre otra fase
Anuncia un plan en todas las cárceles abierto a presos que renuncien por escrito a la violencia y se desvinculen de ETA, y que incluiría al final su traslado a Euskal Herria, aunque «no de modo generalizado», según el ministro del Interior. La AVT se indigna, mientras PSOE y PNV lo apoyan
I.I. | GASTEIZ
El Gobierno español anunció ayer un primer movimiento en política penitenciaria. Con el llamado Plan Integral de Reinserción, contempla que los presos que renuncien por escrito a la violencia y se desvinculen de ETA entren en un programa que finalmente incluiría su agrupamiento en cárceles de Euskal Herria. Para esta fase no se exige pedir perdón.
Determinadas asociaciones de víctimas pusieron de inmediato el grito en el cielo. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Interior, Jorge Fernández, respondieron que el plan no supone cambio alguno en política penitenciaria ni en la política «antiterrorista». Jaime Mayor Oreja afirmó no entender que se anuncie un plan si no cambia nada.
El ministro de Interior, Jorge Fernández, explicó que este programa es un intento por animar a la reinserción individual, después de haber constatado el fracaso de la «vía Nanclares», que «está cegada» desde que ETA declaró el 20 de octubre de 2011 el fin de la lucha armada.
A su entender, lo que impide que más presos se acojan a un itinerario de reinserción es «la coacción de ETA», y con este programa pretende poder animar a más prisioneros a dar los pasos reclamados. El programa se complementa con el «mensaje a ETA y al Colectivo de Presos de que no va a haber ni negociación ni amnistía. Y tampoco una aproximación generalizada. Se mantendrá la dispersión mientras ETA siga existiendo».
Anuncio sorpresivo
El anuncio de la puesta en marcha de este plan se produjo de manera sorpresiva, en la mañana de ayer, a través de una agencia de información. Los datos fueron ratificados por el Ministerio. Llega cuando se cumplen seis meses de la Declaración de Aiete y de que ETA pusiera fin a la lucha armada, en un momento en el que son crecientes las exigencias de que el Gobierno haga algún movimiento.
Desde el Ejecutivo de Madrid se insiste en que este programa no supone ningún cambio de su política penitenciaria ni de la exigencia de una «reinserción individualizada».
Según ha trascendido a través de agencias, el Ministerio trasmitirá de forma inminente a todas las prisiones que informen de los presos que podrían ser más proclives a entrar en este plan. Añade que quienes se acojan serán agrupados según distintos perfiles y se pondrán en marcha unas «aulas de convivencia».
El ministro de Interior no explicó qué bondades esconde este programa para que puedan acogerse a él presos que con anterioridad no dieron pasos en esa dirección. Según las declaraciones de Jorge Fernández, este plan posibilitaría el acercamiento del preso a Euskal Herria, pero en ningún caso otro tipo de «beneficios penitenciarios». Para esto, dice seguir manteniendo la misma lectura restrictiva de la ley.
Según versiones oficiales, con este Plan el Gobierno español pretende recuperar la iniciativa frente a la cohesión que ha logrado el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK).
Reunión con víctimas
Hasta el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, salió para asegurar que el plan no supone ningún beneficio penitenciario y que no va a haber modificación alguna en la «política antiterrorista». Pero ello no evitó que asociaciones de víctimas, entre ellas la AVT, hablaran de «cesión» e incluso de «traición».
El ministro de Interior ha concertado para hoy una reunión con las principales asociaciones. Intentó citarles ayer por la tarde, pero no le fue posible.
PNV, el grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y UPyD han pedido ya la comparecencia del ministro de Interior, Jorge Fernández, en el Congreso de los Diputados para que detalle el Plan Integral de Reinserción anunciado ayer.
Además de las movilizaciones convocadas por Etxerat con motivo del último viernes de mes, para hoy Herrira ha lamado a concentrarse ante los juzgados de Bilbo (12.00), Gasteiz (12.00) e Iruñea (13.00) para denunciar la aplicación de la doctrina 197/2006, «medida que abre la puerta a la aplicación `de facto' de la cadena perpetua».
Aunque el comisionado de Lakua, Jesús Loza, ha asegurado que el plan se ha cocinado junto al Gobierno autonómico, ayer trascendieron informaciones de que el PP de la CAV no sabía nada, lo que habría causado malestar en su seno.
Herrira destacó que las declaraciones o movimientos que haga el Gobierno español en relación con los presos políticos vascos deben entenderse como «fruto de la voluntad y movilización de la mayoría de la sociedad vasca». Y cree que el plan anunciado ayer es un intento de «dar imagen de movimiento, sin moverse» y que resulta «absolutamente improcedente mezclar el respeto a los Derechos Humanos de las y los presos políticos vascos con otro tipo de
debates o condiciones». También partidos firmantes de la Declaración de Gernika se pronunciaron públicamente cuestionando la utilidad del plan anunciado.
En un comunicado emitido en la mañana de ayer, Herrira constata que «el Gobierno español es consciente de que debe de mover ficha en lo referido a los presos políticos vascos, ya que la posición que mantiene es insostenible ante los ojos de la gran mayoría de la sociedad vasca». Según apunta, «la inmensa mayoría de la sociedad vasca es favorable a que se respeten los derechos de las y los presos. Así lo demuestran las grandes movilizaciones, la posición de los agentes políticos y sociales mayoritarios o los resultados de diferentes encuestas sociológicas».
Por este motivo, Herria destaca que «en adelante también será imprescindible la movilización y la activación social para conseguir que el Ejecutivo español dé pasos en positivo en la dirección que desea la mayoría de la sociedad vasca».
En relación a los planes presentados por el Gobierno español, Herrira constata que tiene «las habituales y evidentes carencias» de mezclar el respeto a los derechos humanos con el cumplimiento de determinadas condiciones.
Explica Herrira que «se están produciendo vulneraciones de derechos muy graves en las prisiones» con las que «hay acabar antes de que en algún caso tengan consecuencias irreversibles. Liberar a las y los presos con enfermedades graves, solicitar la derogación de la aplicación `de facto' de la cadena perpetua o pedir el final de la dispersión son reclamaciones absolutamente legítimas y respaldadas por una amplia mayoría de la sociedad vasca. Hablamos de respetar los derechos humanos sin poner condiciones políticas».
También la izquierda abertzale se pronunció sobre el plan gubernamental, para afirmar «no es más que una cortina de humo cuya base son los criterios básicos de la política penitenciaria que se vienen aplicando a lo largo de los últimos veinte años: la excepcionalidad y la vulneración de derechos básicos».
A través de una nota, instó al Ejecutivo de Mariano Rajoy a que «deje de utilizar las políticas de excepción y vulneración de derechos como herramienta para intentar abortar un escenario de paz y soluciones democráticas».
Aralar, por su parte, cree que la iniciativa del Gobierno español «no da respuesta a la raíz de la problemática y que, por lo tanto, no será eficiente». Su coordinador general, Patxi Zabaleta, afirmó que «lo importante no es la actitud que adopte un individuo; lo importante es la decisión que que dio a conocer la organización ETA hace seis meses, que acatando lo fijado en el Acuerdo de Gernika cesaba su actividad armada definitivamente». A su entender, ahora Madrid debería verificar el cese de ETA y «son las leyes las que se tienen que cambiar. Hay que dar pasos en ese sentido».
La coalición Amaiur volvió a recordar cuáles son las exigencias en materia penitenciaria y, ante este plan, llamó la atención sobre el hecho de que los presos políticos vascos no están en prisión como consecuencia de un desarraigo social. «Lo están como consecuencia de un conflicto político. No necesitan medidas de reinserción social. Lo que es necesario es resolver el conflicto político que les llevó a prisión y las consecuencias por él originado, entre ellas su situación de privación de libertad. Para ello es imprescindible abordar un dialogo incluyente». GARA
El PSOE, el Comisionado del Gobierno de Lakua y el PNV han coincidido en valorar positivamente el plan para los presos presentado por el Ejecutivo español.
La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, aseguró que «es una decisión bien adoptada» y que «en materia antiterrorista» su partido siempre está «al lado del Gobierno», si bien apuntó que están «a la espera» de conocerlo «en detalle». Pese a todo, afirmó el plan puede funcionar a la hora de «hacer daño al núcleo más duro de la banda terrorista ETA». «Por lo tanto, es una decisión bien adoptada», concluyó.
El Comisionado para la Convivencia y la Memoria del Gobierno de Lakua, Jesús Loza, anunció que la iniciativa constituye «un avance y un paso positivo en la buena dirección» y es «fruto del trabajo» que el ministro y el consejero de Interior, Jorge Fernández Díaz y Rodolfo Ares, «han venido realizando».
Jesús Loza insistió en la idea de que «Batasuna engaña a los presos». Y el Comisonado de Lakua fue todavía más allá al decir incluso que «no queremos ningún tipo de castigo añadido, que es lo que quiere Batasuna».
El portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, se congratuló de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy haya decidido «reorientar la política penitenciaria hacia una finalidad resocializadora» con este llamado Plan de Reinserción. En declaraciones en Madrid, expresó su esperanza en que esta iniciativa «venga acompañada en el futuro por otras que avancen en la misma dirección y que cuenten con el consenso más amplio posible entre las fuerzas políticas». GARA
