El Congreso brasileño aprobó en la noche del miércoles una reforma de la ley forestal que regula el uso de la tierra y enfrenta a los ambientalistas con los grandes productores agrícolas, tras lo que deberá ser vetada o ratificada por la presidenta Dilma Rousseff. De los 513 diputados que conforman la Cámara de Diputados, 274 avalaron con variaciones el Código Forestal que ya había sido tramitado por el Senado en diciembre.

El Código, que reforma una ley de 1965, reduce el área de bosque que debe ser reforestada en los márgenes de los ríos y suspende las multas y sanciones impuestas a los propietarios de tierra que talaron ilegalmente hasta 2008.

El sector agroindustrial, con una amplia representación legislativa, apoyó la norma aduciendo la necesidad de ampliar la frontera agrícola para garantizar la seguridad alimentaria de los brasileños. En su opinión, con esta normativa se resuelve el problema de millones de agricultores que iban a caer en la ilegalidad por el incumplimiento del pago de multas por deforestación.

«Es irresponsable sacarles las tierras a los brasileños con fines ecológicos. Los productores rurales medios, pequeños y grandes son los que dieron el superávit comercial de Brasil», dijo el legislador Luis Carlos Heinze. No obstante, la iniciativa dejó en firme la obligación de preservar el 80% de la vegetación en la Amazonía, la mayor área selvática del planeta.

Otro grupo de legisladores, apoyados por ecologistas, se opuso a la norma alegando un impacto irreversible en los esfuerzos contra la deforestación y el calentamiento global a los que se ha comprometido Brasil, anfitrión de la cumbre climática Río+20 de junio. «Se está dando una amplia amnistía a los deforestadores y aprobando la posibilidad de desastres ambientales en las grandes ciudades. Ahora es importante que la presidenta vete», manifestó el diputado opositor Ricardo Tripoli.

Por otra parte, Amnistía Internacional denunció que pequeños productores agrícolas y dirigentes campesinos del estado de Amazonas son víctimas de ataques por parte de madereros ilegales que buscan invadir y tomar sus tierras amenazándolos. «Quienes viven en la zona están en peligro», advirtió, exhortando a las autoridades a proteger a las personas amenazadas. A principios de mes, la ecologista Dinhana Nink, de 27 años, fue tiroteada frente a su hijo de seis años en una comunidad del vecino estado de Rondonia.

Una amiga de ella, Nilcilene Miguel de Lima, líder comunitaria que denunció la entrada de madereros ilegales en una reserva, fue golpeada y amenazada, e incendiaron su casa.