«No va a haber acampadas porque son actos ilegales». El ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, se ha adelantado dos semanas a la conmemoración de la marcha que desembocó en el surgimiento del movimiento 15M. Y lo hace advirtiendo de que no permitirá que se ocupe la puerta del Sol, tal y como ocurrió hace casi un año. Con estas amenazas, que se enmarcan dentro de un contexto de progresiva criminalización de las protestas que se suceden en el Estado español, el titular de Interior intenta marcar sus líneas rojas. Desde las diversas plataformas que conforman el 15M ya han puesto fecha a la manifestación: será el sábado 12 de mayo. Tras ella, está previsto recuperar las tiendas e instalarse en Sol durante tres días. Por el momento, la presión lanzada por el jefe de la Policía no ha modificado los planes de los convocantes, que temen un incremento de la represión.

«En principio, la acampada se mantiene», señalaban ayer mismo fuentes de Toma la Zarzuela, uno de los grupos surgidos tras la descentralización del movimiento. Según la web Madridtomalaplaza, 37 asambleas, así como distintos colectivos y miembros de las diferentes «mareas» que combaten la privatización de los servicios públicos han establecido un calendario de protestas que tendrá su punto de inflexión entre los días 12, 13, 14 y 15 de mayo. Sin embargo, estas podrían verse empañadas por las amenazas policiales, cada vez más veladas.

Negar el debate

«Todo depende de la gente que logremos movilizar. Si hay mucha, no podrán hacer nada», afirmó una activista. Una tesis a la que se suman desde Juventud sin Futuro, otra de las organizaciones que ha protagonizado el 15M. «El Gobierno no nos lo va a poner fácil», constataron desde esta agrupación, advirtiendo de que es probable que las dos semanas que faltan para la protesta vengan marcadas por una escala de detenciones.

«Al situar las protestas en el ámbito del orden público, el Gobierno intenta negar el verdadero debate» aseguran desde Juventud sin Futuro. A juicio de un integrante de este grupo, el objetivo de Interior al calentar el ambiente previo es «criminalizar la protesta», así como «meter miedo» a personas que podrían simpatizar con las marchas. A pesar de ello, las convocatorias siguen en pie.