El Juzgado de lo Mercantil extingue los contratos de los trabajadores de la empresa Esmaltaciones San Ignacio
GARA | GASTEIZ
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Gasteiz ha dictado un auto por el que declara extinguidos los contratos del total de la plantilla de trabajadores de Esmaltaciones San Ignacio SA. Para las indemnizaciones, la jueza María José Villalán Ruiz aplica la nueva legislación laboral decretada por el Gobierno del Partido Popular.
El auto de Villalán Ruiz, hecho público esta semana, supone que los 89 trabajadores de Esmaltaciones San Ignacio SA de Gasteiz ven definitivamente extinguidos sus contratos con esta empresa de menaje. La jueza añade en el auto que los operarios tienen derecho a percibir una indemnización de «veinte días de salario por año trabajado y siempre con un máximo de doce mensulaidades», que es lo que decreta la reforma laboral
Entre los trabajadores afectados, todos los de la factoría de Gasteiz, hay más de treinta con cuarenta años de antigüedad en esta empresa.
Desde el comité se ha hecho público un comunicado de respuesta al auto en el que señalan que se reservan el derecho a recurrirlo, para lo que tendrían un plazo de cinco días tras su publicación en el caso de presentar recurso de suplicación, aunque también están estudiando la posibilidad de considerar el procedimiento como «culpable, responsabilizando del mismo a los dueños de la empresa». Asimismo, valoran la posibilidad de exigir «la responsabilidad solidaria del grupo empresarial».
Culminación del proceso
El auto dictado esta semana es el punto y final de esta empresa en Euskal Herria y llega cinco meses después de que este mismo juzgado decretara el cierre definitivo del negocio, atendiendo la petición de la empresa, y la pérdida de los 89 puestos de trabajo.
Anteriormente, el 4 de septiembre de 2011, los trabajadores, a su regreso de vacaciones, se encontraron cerradas las puertas y recibieron un burofax para que prolongaran sus días de descanso. Para entonces los desencuentros con los trabajadores habían sido muchos.
El comité de empresa denunciaba la falta de información por parte de la dirección y, en ese tiempo, se hacía público que el grupo empresarial había abierto una planta nueva en Marruecos y estaba desviando la producción hacia allí.