La Diputación de Gipuzkoa ha recolocado a treinta menores que residían en centros forales tras descubrir en una inspección que la empresa que los gestionaba había quebrado y arrastraba deudas que podrían llegar al millón de euros con la Seguridad Social, con Hacienda y con sus propios empleados.

La empresa, llamada Bide Berri, con la que la Diputación ha roto su relación contractual era la gestora de cinco pisos en Arrasate, Tolosa, Urretxu, Bergara y Donostia, donde se encontraban los menores, distribuidos ahora en plazas libres existentes en la red foral.

El diputado de Asuntos Sociales, Ander Rodríguez, explicó ayer en un comunicado que la Diputación había encontrado dos entidades «de acreditada solvencia» que se mostraron dispuestas a continuar la labor educativa de los menores, así como a contratar a los 54 trabajadores que habían perdido su empleo, «aunque sin régimen de subrogación, ya que, de lo contrario, los nuevos gestores deberían asumir la deuda de Bide Berri», informó la nota.

La oferta laboral que se hizo consistía en la aplicación del acuerdo colectivo que, según Rodríguez, hasta ahora no se aplicaba, y en el reconocimiento de la antigüedad de toda la plantilla, a cambio de que algunos empleados renunciaran «a una serie de pluses arbitrarios y fuera de convenio» que tenían con dicha empresa.

Aseguró que el sindicato ELA, sin embargo, se negó a suscribir este acuerdo, por lo que la Diputación se vio obligada a reubicar a los menores en «centros adecuados con gestores solventes dentro de la red de protección a la infancia».

Rodríguez explicó que el Gobierno de Bildu inició la inspección en noviembre y que Bide Berri se halla en este momento en concurso de acreedores y supervisada por un administrador concursal.

Subrayó además que la Diputación de Gipuzkoa «ha actuado en todo momento protegiendo el interés superior de los menores tutelados, así como con responsabilidad en la gestión de los recursos públicos».