Álvaro Reizabal | ABOGADO DE ORAIN S.A. Y DE LOS PROCESADOS DE «EGIN»
«El administrador judicial está tratando de eludir sus responsabilidades»
F.M.
El abogado donostiarra Álvaro Reizabal forma parte del equipo de letrados que ha defendido los intereses de la editora Orain S.A. y a los procesados del «caso Egin», y que ha solicitado formalmente ante la Audiencia Nacional española la rendición de cuentas del administrador judicial nombrado por el instructor del sumario, el ahora exjuez Baltasar Garzón.
¿Quién es el responsable de la custodia de estas instalaciones desde el cierre?
Es el administrador judicial, a quien se nombró para que gestionase las empresas al haberse procedido al cese de sus administradores naturales por parte del juzgado. La función que el administrador judicial debe llevar a cabo es la misma que correspondería a los administradores naturales: gestión del patrimonio y preservación del mismo, rendición de cuentas de la gestión, etcétera. Es decir, todo lo que debe hacer cualquier administrador de una empresa. Solo que en este caso es nombrado por el juez.
¿El administrador judicial ha dispuesto de facultades y fondos para mantener en buen estado estas propiedades?
Ha dispuesto de facultades y fondos para ello. Ni siquiera ha rendido cuentas de su gestión ni del destino dado a los fondos que obraban en su poder a pesar de que, a nuestro entender, al no haberse revocado su nombramiento, continúa todavía vigente. Por ello, en estos momentos estamos solicitando de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional que se proceda a esa rendición de cuentas.
¿Qué decidió la sentencia del «caso Egin» sobre las instalaciones?
La sentencia del Supremo dejó sin efecto la declaración de ilicitud de las empresas del grupo Orain acordada por la Sección 3ª de la Audiencia Nacional, así como el comiso y la liquidación del patrimonio, por lo que los bienes son propiedad de las sociedades mercantiles que constituyen el grupo.
¿Se han transmitido a sus propietarios legales? ¿Ha existido devolución?
El patrimonio de las empresas incautadas no ha sido transmitido a sus propietarios legales, ni ha existido devolución ni se han dado las órdenes necesarias para ello. Por todo eso, en estos momentos estamos tratando de que se proceda en consecuencia con el fallo del Tribunal Supremo. Desde luego, el administrador judicial está tratando de eludir sus responsabilidades, toda vez que no rinde cuentas de su gestión.
¿En qué situación legal se encuentran actualmente las instalaciones?
Pues realmente, y mientras no se resuelvan las cuestiones que hemos planteado, se puede decir que están en el limbo de los injustos: nadie quiere saber nada de esta patata caliente.
