El intento por parte del Gobierno de Mariano Rajoy de que las reflexiones que la Comisión Internacional de Verificación hizo públicas el viernes pasaran de largo ante la opinión pública española -en Euskal Herria es obvio que no se puede llegar a ese nivel de manipulación comunicativa- no ha tenido éxito. Aunque la mayoría de los medios informativos de difusión estatal han mostrado un apoyo casi incondicional al Ejecutivo del PP, el hecho es que han dado amplia difusión a la visita de la CIV.

Reflejo de esta situación es que el diario «El País» dedicara ayer al tema uno de sus artículos editoriales, que título «El terreno de ETA». Se alineaba con la tesis ya expresada el sábado por el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, e indicaba que «si la banda desea dar pasos para llegar al final no ha de hacerlo en el terreno de ninguna negociación técnica ni, menos aún, política, sino en el de los hechos: entregando las armas y disolviéndose». Es decir, que adoptó los contradictorios mensajes que repiten el ministro y otros dirigentes del PP cuando dicen que «una forma de visualizar el final sería ver unas cuantas armas en una campa del País Vasco» o «que se disuelva (ETA) y luego ya hablaremos».

De momento, el Gobierno del PP cuenta también con el apoyo del PSOE, que se ha comprometido a no entrar en polémica en esta materia, si bien en el campo de los hechos está desarrollando una estrategia diferente ya que, en esta ocasión el PSE y el propio Gobierno de Patxi López han mantenido contactos formales con los integrantes de la Comisión de Verificación.

Como era de esperar, Rajoy sí cuenta con el respaldo total de UPN. Ayer, al ser preguntada sobre la legitimidad de la labor de la CIV momentos antes de asistir al homenaje que el Ayuntamiento de Iruñea rindió a Tomás Caballero, edil muerto en atentado de ETA hace catorce años, Yolanda Barcina, sostuvo que «para que una paz sea duradera tiene que ser una paz donde de verdad haya dignidad, y el diálogo con una organización terrorista no es dignidad».

Tal como recogió la agencia Efe, Barcina, en nombre de su partido, reclamó a ETA «lo que siempre» le ha pedido: «que desaparezca, que abandone las armas, que se quiten esas capuchas porque no tiene ninguna justificación su presencia en esta sociedad donde tenemos una democracia y todos podemos expresar en las urnas lo que pensamos».

«Mantener la tensión»

Una visión muy diferente es la que aportó ayer Lokarri. En declaraciones a la Cadena Ser, su coordinador, Paul Rios, comentó que las «alertas» del Gobierno español respecto a ETA y una posible marcha atrás en su decisión de abandonar la lucha armada se deben a que «quiere mantener una situación de tensión, poniendo en duda la decisión de ETA y usarlo como excusa para justificar su absoluta falta de movimientos». Por su parte, pidió al Ejecutivo del PP que hable con ETA para «cerrar definitivamente el ciclo de la violencia» y le advirtió del riesgo de no entender la «gran oportunidad que representa esta nueva situación» para la sociedad vasca, para la convivencia y para su futuro.

«Un proceso de desarme y disolución requiere de un proceso técnico y de contactos entre el Gobierno y ETA para determinar cómo se hace ese desarme. El Gobierno debiera ponerse a hablar con ETA para ver cómo se cierra definitivamente la cuestión de la violencia», indicó el coordinador de Lokarri.

Por contra, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza -cuya hija murió en los atentados del 11-M-, dijo que se alegra «muchísimo de que el Gobierno no vaya a negociar» con ETA.