Ha sido una sorpresa general la rapidez con la que el Gobierno español se ha enfrentado a una nueva escalada en la ofensiva de los mercados financieros contra la deuda pública española.

La estrategia de ajuste y austeridad impuesta drásticamente durante los primeros meses de gobierno hacía previsible una durísima y creciente reacción de la sociedad española, que ya ha generado una convocatoria de huelga general y una significativa pérdida de apoyo del PP en los sondeos electorales.

No entraba sin embargo en los cálculos del Gobierno que, junto a esta reacción social, los problemas con los mercados financieros se desataran con tanta rapidez. En teoría, las radicales medidas adoptadas por el Ejecutivo parecían destinadas precisamente a tranquilizar a los mercados financieros.

Sin embargo, dos factores fundamentales han incidido en este hecho. Por un lado, el escepticismo de los analistas internacionales sobre la viabilidad de una estrategia de ajuste tan centrada en la reducción del gasto público frente a una subida comparativamente moderada de los impuestos.

Esta reducción radical del gasto público, en un contexto estructural de desapalancamiento de la sobreendeudada economía privada española, y con un tejido productivo con una limitada capacidad exportadora, es inevitable que produzca una caída de la producción y de la recaudación sensiblemente superior a la prevista. Los expertos internacionales desconfían.

Pero una importancia sustancialmente mayor ha tenido el contexto europeo, con un sistema bancario alimentado artificialmente desde el BCE en una estrategia de ganar tiempo cuyos efectos no han durado más de unas semanas.

Con la prima de riesgo en los 430 puntos, las especulaciones sobre el futuro de la economía española se han disparado. Y, con ellas, las dudas sobre el futuro de la unidad monetaria.

Como se ha repetido, es ciertamente difícil que Europa pueda repetir con España un proceso similar al de Grecia. La dimensión de la economía española hace esta posibilidad ciertamente remota. La capacidad de los fondos de rescate europeos está cerca de sus límites, máxime teniendo en cuenta que, a pesar de los fondos ya destinados y del enorme coste social y político sufrido tanto por Grecia como por la propia Unión Europea, ni siquiera la propia Grecia ha sido capaz hasta ahora de reposicionar su economía en un sendero de estabilidad presupuestaria o recuperación de las expectativas de crecimiento.

¿Qué es lo que le espera a la economía española en este contexto? Si de algo peca la estrategia del Gobierno español es, probablemente, de un cierto voluntarismo. Este voluntarismo responde probablemente no a una específica política de este Ejecutivo sino al propio entorno en el que se sitúa en este momento la clase política y, en general, la sociedad española.

En síntesis, las políticas desarrolladas durante los últimos años por el anterior gobierno -y, con más intensidad, por el actual- no están en nuestra opinión basándose en la situación actual y el futuro de la economía española en cuanto tal sino que, muy al contrario, tienen un objetivo fundamental que puede considerarse más político que económico: asegurar la permanencia de España dentro de la eurozona.

Cuando el Gobierno actual declara con tanta rotundidad que los presupuestos actuales tienen el objetivo básico de contener el déficit, se está en realidad reconociendo que el objetivo central de los mismos no es otro sino cumplir con los requisitos imprescindibles para el mantenimiento de España en la zona euro.

En realidad, algo similar podemos detectar en las políticas de los países centrales y de la propia UE con respecto al Estado español. Si se «exige» de forma tan rotunda no un objetivo de reducción del gasto sino estrictamente un objetivo de contención del déficit público, ello se debe a que es precisamente la evolución de esta variable la que condiciona las necesidades de nueva financiación que, a su vez, determina los riesgos de los otros países de la Eurozona de verse obligados -en caso de continuar los actuales problemas en el mercado de deuda- a ayudar al Estado español a financiar sus presupuestos públicos.

El mensaje desde Europa en este sentido es claro: España debe reducir el déficit público como contrapartida de su pertenencia a la Eurozona. En realidad, lo que se está transmitiendo es, desde otro punto de vista, que tiene dos opciones: a) Beneficiarse de la solidaridad de los otros países de la Eurozona, con la condición de reducir sus necesidades de financiación a través de la contención del déficit; b) Salir de la Eurozona

Ante esta disyuntiva, la política seguida por este Gobierno -y también por el anterior- es clara: El Estado español debe mantenerse en la Eurozona a toda costa y, consecuentemente, debe seguir estrictamente los objetivos de ajuste del déficit marcados desde Europa.

Es imprescindible poner de relieve que esta estrategia no es una consecuencia directa de la situación y de las necesidades de la economía española sino una decisión política con un objetivo fundamentalmente político porque existe otra opción que, desde un punto de vista económico, puede tener fundamentos lógicos bastante claros: la salida de España del Euro.

La salida de la Eurozona no tiene por qué ser un desastre para España. Al contrario, puede ser una salida relativamente sencilla para, conjugada con una renegociación de la deuda y una devaluación, reposicionar a la economía española en un nuevo contexto de mayor sosiego y sensiblemente más adaptado a la realidad social y económica del Estado español.

Los problemas derivados del abandono de la Eurozona son también evidentes, pero están más bien relacionados con la fase de transición que con la validez o no del resultado. En este sentido, es muy posible que, desde una perspectiva estrictamente económica, bien pudiese aconsejarse al gobierno español que optara cuanto antes por planificar de una forma lo más ordenada posible la salida.

El problema es que si bien la salida de España de la Eurozona tiene una lógica económica «teórica» evidente en este momento, los riesgos políticos de la misma son de tal dimensión que ni el gobierno anterior ni el actual se han atrevido ni siquiera a planteárselo con seriedad.

Estos riesgos proceden fundamentalmente de la percepción social de «desastre económico» que podría tener una decisión semejante. Las repercusiones en la opinión pública -y, consecuentemente, en las futuras convocatorias electorales- podrían ser enormes. Ante este altísimo riesgo político, el Gobierno español ha optado por renunciar -al menos de momento- a plantearse siquiera con seriedad la posibilidad de abandonar la Eurozona y, consecuentemente, asume como objetivo esencial de su política económica la contención del déficit público en los términos establecidos en la negociación con la Unión Europea.

El problema es que, teniendo en cuenta el contexto económico español, europeo y, en general, occidental, existe un altísimo riesgo de que, como ha sucedido en Grecia, una estrategia mixta de consolidación fiscal exigida desde Europa y austeridad promovida por el propio Ejecutivo español fracase, al menos a corto plazo, y España se vea sumergida en una espiral de agravamiento de su situación financiera que obligue finalmente a la salida del Euro dentro de uno, dos o tres años en unas condiciones sensiblemente más negativas que las actuales, con un tejido económico e institucional ya sensiblemente deteriorado y con un contexto social cercano al caos.

¿Qué debería hacer ahora el Gobierno español al respecto? Por supuesto, en primer lugar, negociar de la forma más eficiente posible con sus interlocutores europeos las condiciones en las que la Eurozona está dispuesta a financiar a España durante los próximos años.

A partir de este dato, el Ejecutiv debería evaluar qué posibilidades hay de que esta ayuda europea sea suficiente para que las instituciones públicas españolas puedan financiar su actividad durante los próximos ejercicios y, en función de esta evaluación, definir su estrategia. Porque si el impacto electoral en España de una salida de la Eurozona en el momento actual sería enorme, sería sin duda mayor si una medida semejante tuviera que adoptarse más cerca de las próximas convocatorias electorales y en un contexto social y económico sensiblemente más deteriorado.

El problema en España es que, tanto a nivel de opinión pública como de clase política, existe una valoración extraordinariamente positiva del proceso de integración europeo, valoración que no es fácil de compatibilizar con la capacidad de análisis objetivo a la hora de estimar la validez o no de las distintas medidas adoptadas en el proceso de integración. Valorar positivamente este proceso no tiene por qué significar que todas las medidas de integración adoptadas en el ámbito del mismo hayan sido correctas o que lo hayna sido para todos los países.

En el Estado español, por razones históricas lógicas y evidentes, se relaciona directamente el concepto de Europa con el propio concepto de democracia y, muy posiblemente, la sociedad española percibiría una salida de la Eurozona como un retroceso de dimensiones históricas.

En este contexto, no es fácil reprochar al Gobierno español el pánico que probablemente siente ante la posibilidad de plantearse siquiera la salida de la Eurozona. Esto es comprensible pero, a la vez, el riesgo de que tal salida pueda ser a medio plazo inevitable, debería obligar a los responsables políticos a analizar cuanto antes los dos escenarios y, por qué no, iniciar también cuanto antes una labor de mentalización de la opinión pública sobre las ventajas e inconvenientes de las dos opciones por las que el Estado español -en este momento- puede todavía optar.

Esta labor de mentalización de la opinión pública debería probablemente desarrollarse en paralelo con una negociación directa con la oposición a efectos de conseguir un consenso imprescindible ante las decisiones básicas que España pudiera adoptar en este proceso, en una u otra dirección.