El que fuera diputado foral de Hacienda en la legislatura 2003-07, Juan José Mujika, declaró ayer en el juicio que se sigue en la Audiencia de Gipuzkoa por el presunto fraude a Hacienda y, durante su intervención, detalló cómo convocó a Bravo a dos reuniones en el año 2006, tras constatar que dos contribuyentes habían saldado sus deudas con Hacienda mediante entregas en metálico de las que tenían justificantes y cuyas cantidades no habían sido ingresadas en las arcas forales.

El diputado señaló que en la segunda de estas reuniones Bravo le dijo que desconocía lo que había pasado, aunque como director de la oficina de Irun, se mostró dispuesto a asumir una «responsabilidad administrativa» y a pagar una suma de dinero, al tiempo que advirtió de que si el tema se hacía público podría tener «graves consecuencias» para su familia y para su hermano, Víctor, senador del PNV y que posteriormente dimitió por ese asunto.

Bravo indicó asimismo que el tema podría convertirse en «un «Salsa Rosa» en la prensa tremendamente dañino para todos», e insistió en que desconocía quién podía ser el responsable pues «cualquiera» de la oficina había podido llevarse el dinero, porque todos conocían la clave de la caja fuerte. Mujika declaró que él tuvo conocimiento del presunto fraude cuando José Agustín Azpeitia, contribuyente de su mismo pueblo, le desveló que, a través de un asesor fiscal, había acordado con Bravo saldar sus deudas en efectivo en la Hacienda de Irun, algo que al diputado le llamó la atención porque desde el año 2000 no se podían hacer pagos en metálico.

El mandatario foral precisó que se trataba de dos recibos de «embargo de metálico», unos documentos que hacía ya muchos años que se habían dejado de utilizar. Entonces se decidió revisar otro caso similar en el que también se constató el mismo «operativo» y que igualmente había tenido lugar en la oficina de Irun, por lo que se citó a Bravo, que ya estaba en excedencia, a una primera entrevista que tuvo lugar un viernes de septiembre de 2006.

Reunión de Mujika con Bravo

Según Mujika, en la reunión le explicó a Bravo los casos de los dos contribuyentes y este reconoció que en su oficina se admitieron pagos en metálico y que el responsable de ingresarlos en cuenta era un administrativo quien, sin embargo, al ser preguntado por este asunto, negó que se pudieran hacer abonos en metálico desde «mucho tiempo» atrás.

Tras tener conocimiento de esta última evidencia, Bravo volvió para advertir de que cualquier trabajador de la oficina podría haberse apropiado del dinero y se mostró dispuesto a «asumir una responsabilidad administrativa» porque «le iban bien los negocios» y «tenía un grupo de empresarios que confiaban en él y que habían puesto 2,5 millones».

Además, desveló que disponía de una casa heredada por su esposa, que estaba invirtiendo en un hotel con subvenciones de la Junta de Extremadura y de la Unión Europea, y que disponía de 148.000 euros que estaba dispuesto a pagar porque, según señaló, no era «conveniente» airear el tema en la prensa.